Ordenan reabrir DACA por entero, pero hay incertidumbre
El Gobierno tiene hasta el 23 de agosto para responder al fallo del juez, ya sea impugnando la decisión o restableciendo el alivio migratorio
En un duro revés para la Administración Trump, un juez federal ordenó hace unos días el pleno restablecimiento del programa de acción diferida de 2012 (DACA), que el gobierno desmanteló en septiembre de 2017, dejando en un limbo legal a los cerca de 800,000 jóvenes indocumentados amparados al programa.
El juez federal John Bates emitió una orden de 25 páginas en la que explicó que la anulación de DACA fue ilegal y que la Administración Trump no ha logrado justificar su cancelación adecuadamente, aún después del plazo de 90 días que su tribunal le había dado.
Sin embargo, Bates, del tribunal del Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, dio un plazo a la Administración de 20 días, hasta el próximo 23 de agosto, para responder a su orden judicial, apelándola o solicitando su suspensión temporal.
Bates precisó en el documento que no está cuestionando si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene o no la autoridad legal o constitucional de anular DACA sino que, si desea hacerlo, tiene que dar una explicación racional.
Bates, un juez designado durante la Administración de George W. Bush, rechazó la solicitud de la Administración de reevaluar su decisión del pasado 24 de abril de restaurar DACA, al precisar que el tribunal “ya dio al DHS la oportunidad de remediar las deficiencias” en su justificación, y “no lo hará más”.
En declaraciones a La Opinión, Devin O´Malley, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la orden de Bates “no cambia la postura del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilate- ralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales”.
Repitiendo los argumentos que utilizó en abril pasado, O´Malley insistió que el DHS actuó dentro de su autoridad legal para eliminar de forma gradual y ordenada DACA, y que el cumplimiento de las leyes es vital para “proteger a una nación, sus fronteras y ciudadanos”.
“El Departamento de Justicia continuará defendiendo vigorosamente esta postura, y espera reivindicarla en más litigios”, puntualizó O´Malley, dejando entrever una prolongada batalla legal.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido aún a una solicitud de comentario de este diario.
Nuevas solicitudes
A menos que la Administración apele el nuevo fallo de Bates –y se prolongue esta batalla legal-, el dictamen entrará en vigor a finales de mes y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tendrá que aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que reúnen los requisitos de DACA.
Tres jueces federales, incluyendo a Bates, ya habían ordenado el restablecimiento de DACA, por lo que USCIS ha estado tramitando solicitudes para la renovación de los permisos.
La decisión de Bates ha sido causa de celebración de grupos defensores de los Dreamers, que desde siempre han destacado, con testimonios y múltiples estudios a la mano, las contribuciones de estos jóvenes a la economía y la vida nacional.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización CHIRLA, aplaudió la decisión de Bates porque pone freno a los ataques de la Administración contra las comunidades inmigrantes y abre espacio para restablecer cuanto antes DACA.
El tribunal ha rechazado los argumentos de Trump para eliminar DACA y “ahora tiene una oportunidad de trabajar en una solución permanente, humana, y real para estos jóvenes inmigrantes y sus familias”, afirmó Salas, quien prometió mantener la presión para que fuerzas anti-inmigrantes obedezcan la orden de Bates y permitan a estos jóvenes permanecer en el país.
Por su parte, Todd Schulte, presidente de FWD.us, instó a la Administración a que “deje de intentar de defender la cancelación de DACA, lo restablezca oficialmente, y apoye legislación que provea protecciones permanentes para sus beneficiarios”.
Schulte señaló que el beneficiario promedio de DACA entró a EEUU a los seis años de edad y lleva más de 20 años viviendo en este país, por lo que tienen derecho de planear sus vidas y continuar sus tremendas contribuciones a EEUU.l