Rosselló denuncia el estatus colonial de Puerto Rico tras el fallo sobre la Ley Promesa
Un juez revalidó el poder de la Junta sobre la isla
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, denunció que el Estado Libre Asociado sufre un estatus colonial, lo que como dijo quedó demostrado con el fallo judicial de un tribunal que reconoce la potestad de la entidad federal de control de imponer un presupuesto y un Plan Fiscal al Ejecutivo.
"El tribunal federal interpretó la Ley Federal Promesa y reconoció la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal -JSF- de imponer un presupuesto y un Plan Fiscal sobre lo aprobado por los representantes electos del pueblo puertorriqueño", dijo Rosselló en un comunicado.
"Esta acción demuestra, una vez más, las limitaciones de nuestro estatus colonial. Puerto Rico necesita terminar con esta relación indigna que permite al Congreso -de Estados Unidos- discriminarnos y tomar acciones sobre nosotros sin nuestro consentimiento ni participación", aseguró el jefe del Ejecutivo puertorriqueño.
Rosselló sostuvo que la decisión "del tribunal federal sujeta el pago del Bono de Navidad de nuestros empleados públicos a que reduzcamos gastos de nómina con acciones como el despido de empleados públicos, medidas con las que estamos en desacuerdo rotundo y no ejecutaremos".
"Dado a esta posibilidad judicial, propusimos un acuerdo con la JSF para evitar afectar a los más vulnerables como lo son nuestros empleados públicos y otros ciudadanos que se afectarán con las reducciones presupuestarias de la Universidad de Puerto Rico, de los municipios y de los fondos que necesitamos para nuestro desarrollo económico", destacó.
Rosselló indicó también que será analizado con los asesores legales del gobierno "la posibilidad de apelar esta determinación", además de avanzar que se seguirán "buscando alternativas para evitar los males que alertamos y advertimos".
La JSF es una entidad de control federal que establece la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), norma aprobada en 2016 por el Congreso en Washington para abordar el asunto de la deuda impagable de Puerto Rico, de cerca de $70,000 millones.
La JSF, tal y como estimó el pasado martes un tribunal federal, tiene la potestad para supervisar y condicionar la política financiera del Gobierno de Puerto Rico, incluidos sus presupuestos y planes fiscales, que son la guía de los primeros.l