Piden a Trump cancelar reglamento sobre ‘carga pública’ que perjudicará a inmigrantes
El Departamento de Seguridad Nacional analizará los comentarios públicos antes de determinar si pone en marcha los cambios, los modifica o los elimina
La Administración Trump debe abandonar su plan de alterar el reglamento sobre “carga pública” porque, aunque es menos visible que la detención y separación de familias, esa política perjudicará no sólo a los inmigrantes sino también a los hospitales y comunidades en todo EEUU, afirmaron este lunes activistas.
Durante una conferencia anual sobre la integración de inmigrantes (“NIIC” 2018), los activistas urgieron a la comunidad a que someta comentarios en contra de la medida en ciernes, para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la ponga en marcha en 2019.
El periodo de comentarios públicos concluye esta medianoche y, por ley, el DHS deberá analizarlos y determinar si hace cambios en el reglamento de “carga pública” dentro del “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA), y cuándo. También tiene la opción de no hacer ningún cambio.
El reglamento de 400 páginas, de producirse, ampliaría la definición de la “carga pública” en el ámbito migratorio, de tal manera que la Administración Trump podrá negar la residencia permanente o “green card”, y cualquier otro ajuste migratorio, a inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos en los últimos tres años, o puedan recibir en el futuro.
La lista de beneficios públicos que prácticamente quedarían prohibidos para quienes tramitan visas legales incluye cupones de comida; subsidios de vivienda; cheques del programa “TANF” para gente pobre; ingresos suplementarios del Seguro Social (SSSI), “Medicaid”, y cobertura de recetas médicas bajo “Medicare”.
Durante una rueda de prensa, los activistas explicaron que el cambio afectará, de forma directa o indirecta, a cerca de 26 millones de familias inmigrantes en EEUU, provocará retrasos en los trámites migratorios para la reunificación familiar, disminuirá la inmigración legal, y perjudicará a la economía en general.
“Como inmigrante cuya familia tuvo que depender de Medicaid, SNAP, y otros beneficios públicos ahora bajo ataque… no puedo imaginar el tener que decidir entre quedarme en este país y acceder al cuidado de salud para mi hijo”, dijo Leana Wen, presidenta de la organización para la planificación familiar, “Planned Parenthood”.
“Como médico, líder en salud pública y presidenta de Planned Parenthood, sé que este reglamento minará la salud de nuestro país entero”, explicó Wen, al precisar que, por temor, las familias no irán a los consultorios para tratar sus condiciones médicas y enfermedades contagiosas, o para vacunar a sus hijos.
El reglamento afectará a hijos nacidos en EEUU de padres inmigrantes, que no querrán acceder a beneficios públicos para ellos para no perjudicar sus trámites migratorios, según expertos.
Activistas consultadas por este diario en paralelo a la rueda de prensa coincidieron en el reglamento no fomenta la “autodeficiencia” de los inmigrantes, como argumenta el gobierno, y perjudicará a la economía en general.
Bitta Mostofi, Comisionada de Asuntos para Inmigrantes de la alcaldía de Nueva York, dijo que “esto afectará a todos los neoyorquinos”, si surgen crisis de salud pública cuando los inmigrantes no buscan ayuda médica para no perder su caso migratorio.
Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización CHIRLA, dijo que el presidente Donald Trump “quiere castigar a nuestra comunidad simplemente por acudir a servicios de salud y apoyos económicos para sacar a sus familias adelante”.
“Sabemos que el presidente quiere atacar a nuestra comunidad inmigrante… pero los inmigrantes viven en comunidades que también se verán afectadas”, señaló.
Cerrar la puerta a los pobres
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), dijo que las autoridades del DHS “están construyendo barreras para que solo más ricos puedan venir a EEUU en el futuro, y esa miopía perjudicaría al país.”, y es importante “enviar un mensaje claro de rechazo a ese reglamento”.
Doug Rand, del grupo “Boundless”, afirmó que este reglamento le cerrará las puertas a inmigrantes de bajos recursos, en el marco del plan de la Administración para reducir drásticamente la inmigración legal.
El reglamento sopesaría varios “factores negativos” para rechazar las solicitudes de visa, lo que afectaría, por ejemplo, a una pareja sin hijos y que gane menos de $41,150, o a una persona que gane menos de $62,750 al año para una familia de cuatro, según el análisis de Boundless.
Por ello, su compañía también sometió un comentario en contra de la medida, firmado por más de 120 líderes empresariales, incluso del sector tecnológico.
Boundless también calcula que solo la puesta en marcha del reglamento supondría un costo directo de unos $13,000 millones al año, aumentando los costos y trabas burocráticas del DHS.
Según los activistas, la medida ya ha recabado más de 190,000 comentarios en su contra –una cifra récord para una medida elaborada por el DHS-, y esa oposición proviene de académicos, líderes demócratas del Congreso, proveedores de salud, grupos religiosos, líderes empresariales, y organizaciones cívicas y humanitarias en todo el país.
Del lado opuesto, también grupos ultraconservadores, como el Centro para Estudios de Inmigración (CIS), también hacen lo propio para recabar comentarios de apoyo a la medida.
Sin embargo, varios estudios recientes han documentado el daño que haría el nuevo reglamento, propuesto oficialmente el pasado 10 de octubre, no sólo entre la comunidad inmigrante sino también a los proveedores de salud y la economía en general.
Un estudio de “Manatt Health” advirtió que el reglamento en ciernes podría perjudicar la inscripción en “Medicaid” y en el “Programa de Seguro de Salud para Niños” (CHIP, en inglés), incluso de inmigrantes con derecho a esos beneficios, alentando problemas de salud por falta de atención médica.
También podría suscitar una reducción en los pagos de “Medicaid” y un alza en los costos para los hospitales que los reciben, particularmente en zonas rurales y en áreas con alta concentración de inmigrantes, advirtió.
Debido a que los hospitales proveen buena parte de sus servicios a personas con CHIP y Medicaid, el nuevo reglamento podría en riesgo reembolsos por alrededor de $17,000 millones, según un cálculo de 2016, indicó el estudio.
Otro análisis, del grupo New American Economy señaló que el gobierno consideraría “carga pública” a quienes usan más del 15% de la línea de pobreza en beneficios públicos –es decir, $2.50 por persona a diario para una familia de cuatro- y les negaría la visa.
Según ese análisis, el 91% de las personas afectadas por el cambio en la “carga pública” tiene empleo y más de 1.4 millones tienen algún nivel de educación universitaria, pero el reglamento podría frenar el ingreso a inmigrantes que aportan al mercado laboral y a la economía.
Centenares de activistas de la NIIC concluirán la jornada de hoy con una vigilia frente a la Casa Blanca, que también contará con familias afectadas por la política migratoria de la Administración, como la salvadoreña Glenda Hernández.