Aún con desconfianza
El conteo nacional de esta década ya comenzó en algunas zonas de Alaska, y en menos de un mes, el resto de los hogares estadounidenses comenzarán a recibir los cuestionarios del Censo.
Participar en el Censo es mandatorio por ley y las respuestas pueden enviarse tanto por correo, como a través de la internet o por teléfono. Aquellos hogares que no respondan al cuestionario recibirán la visita de un enumerador para recabar la información.
La información obtenida durante el conteo es fundamental para la planificación y creación de servicios y recursos para la población. Alrededor de 1,500 millones de dólares en fondos federales para programas comunitarios dependen de dicha información. Es por ello que es tan importante que todos participen en el conteo.
Sin embargo, aquellos grupos que más se beneficiarían de ser contados, tienden a ser los más reacios a participar.
Un ejemplo de grupos “difíciles de contar” son las comunidades migrantes, que temen que su información sea compartida con otras agencias, como ICE.
El Instituto Urban, Urban (urban.org), una organización de investigación sin fines de lucro basada en Washington DC, realizó una encuesta entre diciembre de 2019 y enero de 2020 para determinar la intención y preocupaciones relacionadas a la participación en el Censo, de las poblaciones difíciles de contar. La encuesta realizada a nivel nacional incluyó a 7,694 adultos, entre 18 y 64 años de edad y sus resultados fueron publicados hace unos días.
“Encontramos preocupación y desconfianza en cómo el Censo utilizará la información”, indicó Michael Karpman Investigador asociado senior del Instituto Urban, en entrevista con este diario.
Karpman indicó que la preocupación es resultado de una combinación de factores, entre ellos la falta de información y la falta de confianza de ciertas comunidades en las instituciones.
El investigador también destacó la confusión que existe alrededor de la pregunta de ciudadanía, a pesar de que ésta no está incluida en el cuestionario. Originalmente, la Administración Trump había propuesto incluir en el cuestionario del Censo una pregunta sobre la ciudadanía de los encuestados. Pero luego de un año de batallas legales, la Corte Suprema bloqueó dicha pregunta. Sin embargo, el efecto del anuncio original aún genera temor entre las comunidades de inmigrantes.
Karpman señaló que si bien el 72% de los inmigrantes encuestados indicaron que sí completarán el cuestionario y que son conscientes de la importancia y obligación de hacerlo, existía mucha preocupación en la comunidad.
El reporte encontró que cerca del 70% de los adultos cree que les preguntarán si son o no ciudadanos estadounidenses.
Según el informe, más de tres cuartos, o el 77.2% de los adultos entrevistados tiene la intención de responder al cuestionario del Censo, ya sea por correo o en la internet.
La intención de participar en el Censo es más baja entre los grupos de adultos de entre 18 y 34 años de edad, en las familias hispanas y con miembros que no son ciudadanos estadounidenses, y entre las comunidades que viven bajo niveles de pobreza. Al no querer participar y no ser contados, los individuos de los grupos más pobres corren el riesgo de que no se destinen fondos para programas, servicios y recursos que los beneficiarían, por desconocerse su existencia.
El 31.6% cree que las respuestas al cuestionario del Censo serán utilizadas para encontrar a personas sin documentos legales de inmigración. Entre los adultos que viven en familias con miembros que no son ciudadanos, la desconfianza es del 40.6%; mientras que, en los hogares con personas preocupadas por una posible deportación, la desconfianza es del 46.4%.l