LA LEY SE RESPETA
La política de “cero tolerancia” en inmigración fue decidida e implementada por la administración Trump de una manera desordenada, sin medir las consecuencias. Como resultado trajo inhumanidad, caos e indignación.
La primera orden ejecutiva para impedir el ingreso al país de las personas de varios países de mayoría musulmana causó una confusión generalizada por la forma improvisada que se hizo. Ahora ocurre lo mismo.
El resultado fue la separación familiar y los cambios en el trato a la solicitud de asilo, que condujeron a un cascada de desafíos. Uno de ellos es logístico, el otro legal. El primero se le enfrenta con carpas, el segundo con más jueces.
Para el presidente Donald Trump la justicia es un estorbo a sus planes. Así lo manifestó a través de su Twitter en donde dijo que la contratación de jueces conduce a un complicado proceso legal. Que simplemente hay que parar a la gente en la frontera y echarla.
No es la primera vez que el mandatario considera que el “proceso debido” constitucional, que merece un individuo, es una molestia. Hace unos meses asustó a senadores republicanos cuando sugirió quitar primero las armas de fuego y después ver el proceso debido de la persona. Allí cambió rápidamente de opinión.
Hoy es un solución posiblemente inconstitucional.
La separación familiar y el atiborramiento caótico fueron creados en parte por la decisión de procesar a gente como si fueran delincuentes, cuando antes eran meramente deportados en la frontera.
Por otra parte, las peticiones de asilo no pueden ser tratadas como desea Trump. Ellas deben decidirse ante un juez de inmigración. Estos magistrados están apabullados de casos demoras de años.
Finalmente, los derechos que otorga la Enmienda 14 de la Constitución abarcan tanto a ciudadanos como residentes legales o indocumentados. Existen numerosos fallos judiciales que son convenientemente ignorados y malinterpretados para negar esas protecciones.
/RV PiV VLJQLÀFDWLYRV VRQ Plyer v Doe que en 1982 estableció el derecho de los menores indocumentados a la educación. Al igual que Zadvydas v Davis de 2001 en donde la Suprema Corte de Justicia dijo que el “proceso debido” de la Enmienda 14 cubre a todos los extranjeros en Estados Unidos cuya presencia puede ser “ilegal, involuntaria o transitoria.”
Desde el primer momento de la presidencia de Trump se amplió por orden ejecutiva el alcance de la “deportación expedita” utilizada por administraciones anteriores. La diferencia está en la natuUDOH]D \ HO ÀQ DXWRULWDULR GH quien la aplica.
Para Trump los jueces de inmigración son un estorbo cuando es necesario ampliar su número. Lo mismo es la norma internacional, que está FRGLÀFDGD HQ OD OH\ HVWDGRXnidense, que rige la solicitud de asilo. Para el rey su deseo hace la ley. En la democracia, la ley es la que reina.•