UNA NUEVA NORMA, RESTRICTIVA Y ANTIINMIGRANTE
Es un problema establecer una política migratoria pieza por pieza, cuando el rompecabezas es tan complejo y los factores económicos están entrelazados entre sí como en Estados Unidos.
Por un lado está la necesidad del mercado de mano de obra inmigrante no especializada, para los trabajos que no quieren hacer los locales. Por el otro, el equilibrio entre los beneÀFLRV VRFLDOHV \ ORV DSRUWHV impositivos en una economía basada en producción de bajo costo.
Una reforma migratoria integral debería tomar estos elementos para buscar un equilibrio realista entre trabajadores y empleadores, para lograr una estabilidad que permita una vida decente y una producción rentable.
De lo contrario se toman medidas que aisladamente pueden tener sentido, pero que en el contexto de la realidad son absurdas.
Este es el caso de la nueva norma anunciada en días pasados TXH UHGHÀQH OR TXH HV una “carga pública” para decidir si se otorga la residencia legal. Es lógica la expectativa de que el inmigrante llegue con una capacidad de DXWRVXÀFLHQFLD FRPR SDUD pagarse sus gastos, y mejor si trae más dinero.
Sin embargo, esa lógica queda de lado cuando se trata de indocumentados, integrantes de un segmento que por décadas sostiene un sector de la economía y opera en la sombra de la ilegalidad.
La administración Trump tiene una visión fragmentada, negativa, estereotipada del indocumentado, como si fuese alguien que viviera del erario. Por eso amplió las limitaciones ya existentes a sus EHQHÀFLRV públicos.
La nueva definición de “carga pública” es recibir ´XQR R PIV EHQHÀFLRV S~blicos” para cubrir necesidades básicas como salud, nutrición o vivienda. Quienes así sean catalogados verán el camino a la “green card” severamente reducido.
Por otra parte, se mirará HO EHQHÀFLR HQ UHODFLYQ DO individuo, en vez del hogar. Una madre que obtiene cupones de comida para su hijo ciudadano, eso no contará en su contra. No contarán ORV EHQHÀFLRV \D REWHQLGRV \ entregados, sino los nuevos que se soliciten cuando la norma esté vigente en cerca de 60 días.
Es la “totalidad de circunstancias” y no cada uno de los cambios, lo que hace ORV EHQHÀFLRV PIV UHVWULFTIVOS. Los analistas temen una “prueba de riqueza” que exija un ingreso no menor a los $62,750 por hogar. Esta cifra está por arriba del ingreso medio estadounidense de $61,372 en 2017 y del ingreso medio de los latinos, de $50,486.
La exigencia de ingresos no es realista para trabajadores en empleos de salarios bajos. Es más, la expectativa de no recibir ningún beneÀFLR HV FRQWUDULD D OD H[shriencia del 30% de trabajadores estadounidenses, como los de Walmart entre otros, que deben suplementar su entrada con ayuda pública. Por último, la nueva política considera al indocumentado inherentemente como carga pública, ignorando que también es una base impositiva para el Seguro Social.
A la hora de conceder la tarjeta verde a los inmigrantes, se debe tener en cuenta también el contexto en que se desarrolla la vida del indocumentado que trabaja en este país.o