Legisladores de Illinois exigen que funcionarios de protección infantil mejoren servicios para familias Hispanohablantes
Funcionarios estatales dicen que quieren contratar más empleados bilingües y reclutar más familias de acogida hispanohablantes
Legisladores de Illinois y activistas han pedido a funcionarios de protección infantil que cumplan mejor con una orden judicial federal relativa al servicio a familias hispanohablantes, un asunto que dicen que se ha hecho más crítico porque el miedo de los inmigrantes a interactuar con agencias gubernamentales ha aumentado.
Los llamamientos son una respuestaa una investigación de Propublica Illinois el mes pasadoque descubrió que el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS por sus siglas en inglés) durante décadas ha violado repetidamente una orden judicial federal de 1977 que requiere que la agencia proporcione servicios a familias latinas en su primera lengua [el español].
“Los detalles revelados por estos reportajes son desgarradores, simple y sencillamente”, dijo Tammy Duckworth, senadora demócrata de Illinois, en un comunicado. “No se le tendría que quitar jamás a ningún niño la oportunidad de comunicarse con sus padres como resultado de las acciones de una agencia gubernamental que pretende ser su defensora, y es claro que el DCFS tiene que mejorar antes de hacer más daño a todavía más niños que no han hecho nada malo”.
El director en funciones del DCFS, Marc Smith, que fue nombrado por el gobernador J.B. Pritzker en abril, dijo que la administración
ha diseñado reformas, entre ellas contratar a más trabajadores bilingües, reclutar a más familias de acogida hispanohablantes y modernizar la tecnología para monitorear mejor si los hijos de padres hispanohablantes son asignados a hogares de acogida donde se habla español.
Sara Feigenholtz, representante estatal demócrata de Chicago, citó el reportaje de Propublica Illinois en una carta a Smith esta semana pidiendo un cuadro más claro de los pasos que la agencia está tomando para cumplir con la orden de la corte. Dice que activistas para el bienestar infantil y otros le han descrito cómo padres están siendo presionados para renunciar a su derecho a que sus hijos sean ubicados en casas de acogida hispanohablantes y están siendo informados que pedir un asistente social hispanohablante podría demorar la UHXQLÀFDFLYQ FRQ VXV KLMRV
“Estos son nuestros hijos”, dijo Feigenholz. “No son niños desechables”.
Feigenholz enfatizó la difícil situación de familias indocumentadas. En su carta del 15 de julio escribió que muchas están “asustadas y reacias a interactuar con el DCFS porque les preocupa la posibilidad de que se descubra su estatus migratorio y se les señale para ser deportados”.
La investigación de Propublica Illinois contó la historia de Jorge Matías, un padre guatemalteco indocumentado cuyo idioma principal es el español. El DCFS colocó a sus hijos en una casa de acogida donde solo se habla eslovaco. Los niños, cuya madre sufre una adicción a la heroína, fueron puestos bajo custodia del estado después de nacer con drogas en sus sistemas.
Durante años, el hermano y la hermana crecieron hablando eslovaco y no fueron capaces de comunicarse con su padre, quien fue deportado el otoño pasado pero está luchando para conseguir la custodia.
El inspector general del DCFS concluyó más tarde que hubo un patrón de discriminación contra Matías, sosteniendo que fue presionado para renunciar a sus derechos. La orden judicial federal, que se llama Burgos por el nombre de la familia involucrada en la denuncia original, requiere que el estado asigne hijos de familias hispanohablantes a casas de acogida donde se habla ese idioma y facilite asistentes sociales y otros servicios en español a sus familias.
Propublica Illinois determinó que ha habido aproximadamente 300 violaciones de la orden Burgos desde 2005, aunque este número es casi seguramente bajo, dado que durante cuatro décadas el DCFS ha repetidamente fallado en documentar adecuadamente la raza, etnia y preferencia lingüística de las familias. El hijo de cinco años GH 0DWTDV SRU HMHPSOR ÀJXUD en el archivo del DCFS como blanco, no-hispano y angloparlante. Los archivos de la agencia sobre si los asistentes sociales hablan español también tienen defectos.
/D FODVLÀFDFLYQ HUUYQHD GH familias y asistentes sociales hace casi imposible que el DCFS determine sistemáticamente si está cumpliendo con la orden judicial, como mostró el reportaje de Propublica Illinois.
El DCFS dejó de usar exenciones que permitían a los padres renunciar a sus derechos recogidos en la orden Burgos después de las medidas legales emitidas por las cortes federales a principios de los años 90. Pero Propublica Illinois encontró que los formularios que determinan la preferencia lingüística siguen siendo problemáticos. Hoy, algunos padres cuyo idioma principal es el español terminan renunciando a sus derechos a través del formulario, como en el caso de Matías. Smith dijo que está trabajando para asegurar que los asistentes sociales estén adecuadamente entrenados sobre el objetivo del formulario, pero se negó a decir si la agencia tenía planes para deshacerse de él o implementar protocolos adicionales para evitar su mal uso.