VICTORIAS JUDICIALES NO ALCANZAN
En tres estados -Washington, Nueva York y California- jueces federales declararon ilegal la decisión del gobierno de Donald Trump del 14 de agosto de negar la residencia a inmigrantes legales que usen o podrían usar beneficios como Medicaid, asistencia en la vivienda o estampillas de comida, o sea asistencia nutricional.
Esa resolución era una declaración de guerra contra inmigrantes pobres y provenientes de América Latina y África. E iba a afectar también a miles de sus hijos nacidos aquí, es decir, que son ciudadanos estadounidenses.
Las decisiones judiciales fueron emitidas días antes de que entrase en vigor la regla. Los demandantes fueron 21 estados y el distrito de Columbia.
Una vez más vemos que la justicia tiene que hacerse cargo de frenar los ataques sin sentido contra la comunidad inmigrante por parte del gobierno de Trump.
Estos ataques no responden a una necesidad real, económica o política. Son decisiones tomadas en los niveles más altos del gobierno por razones propagandísticas, de conveniencia política inmediata y con el ánimo de azuzar las divisiones y el rencor en nuestra sociedad.
Están motivados por una ideología nativista, nacionalista y racista. Contradicen la esencia del país del que formamos parte, la letra de la ley y especialmente la Constitución.
Pero el rechazo judicial a los excesos del Ejecutivo no ha sido completo. En varias instancias se han dejado pasar otras medidas antiinmigrantes del trumpismo. Por ejemplo, el reciente recorte en el número de refugiados que EEUU acepta cada año, de 110,000 en 2016 y 30,000 en 2018, a 18,000 este año.
O la manera indignante como se impide que miles de familias centroamericanas soliciten legalmente el estatus de asilados, tratándolas como si fuesen criminales y violando sus derechos más básicos.
O la acumulación constante de nuevos requerimientos necesarios para aprobar visas de trabajo especializado (skilled-work visas), lo que causa enormes pérdidas a empresas de varios sectores.
Y todavía queda en pie la nueva y mucho más estricta directiva de Trump, anunciada por proclamación el 3 de octubre, de negar visas de inmigrantes que no pueden demostrar tener seguro de salud o poder pagarlo. Esta decisión, si no se frena, entrará en efecto el 3 de noviembre.
Pero para detener el ataque contra los inmigrantes y la comunidad latina, no alcanzan las demandas judiciales. Es menester combinarlas con la labor de los grupos de derechos civiles y activistas pro inmigrantes en todo el país. Y redoblar los esfuerzos para que el 7 de noviembre de 2020 el voto ciudadano se exprese por un presidente que represente cabalmente al país y gobierne para todos. Registrarse para votar y sufragar es por ello clave.
Solo un esfuerzo conjunto, consecuente y permanente puede reducir el daño presente contra nuestra sociedad.l