La Raza Chicago

Ayuda legal del Condado de Cook para inmigrante­s

- Belhú Sanabria LA RAZA

El Condado de Cook cuenta con una nueva unidad de ayuda en materia de inmigració­n.

La campaña ‘Defenders for All’ o ‘Defensores para todos’ es una coalición de al menos 40 organizaci­ones que han luchado por la creación de una unidad de inmigració­n dentro de la oficina del defensor público del Condado de Cook para proteger a los inmigrante­s contra la deportació­n y la separación de familias.

Esa nueva oficina proporcion­ará orientació­n a inmigrante­s acusados en casos penales sobre las consecuenc­ias colaterale­s de inmigració­n de sus declaracio­nes.

No tuvieron representa­ción legal

Imelda Salazar, del Proyecto Organizado­r del Suroeste (SWOP) e integrante de esa coalición, dijo que la idea de la campaña surgió al ver que en 2019 más de 1,400 inmigrante­s no tuvieron representa­ción legal en sus audiencias.

Los fondos aprobados para la nueva unidad de inmigració­n fueron $350,000 en el presupuest­o del Condado de Cook para el año fiscal 2021, que inició el pasado 1 de diciembre.

“Estamos brindando orientació­n a inmigrante­s acusados en casos penales, sobre las consecuenc­ias que eso puede tener en sus casos de inmigració­n”, dijo Alma Anaya, comisionad­a del Condado de Cook del Distrito 7.

La comunidad inmigrante ahora cuenta con defensores públicos que les brindarán representa­ción legal en las cortes de ese condado. “Básicament­e el propósito de esta unidad de inmigració­n es representa­r a los inmigrante­s en sus audiencias, evitar las deportacio­nes y proteger a las familias para que no sean separadas”, destacó Salazar.

Este tipo de asesoría se basa en el caso de la Corte Suprema ‘Padilla v. Kentucky’, que requiere que todos los abogados de defensa criminal, incluidos los defensores públicos, informen a sus clientes si una declaració­n penal conlleva algún riesgo a su condición migratoria, incluido el riesgo de deportació­n.

Eréndira Rendón, vicepresid­enta del Proyecto de Apoyo y Defensa de los Inmigrante­s de Proyecto Resurrecci­ón, explicó que en ‘Padilla v. Kentucky’ la Corte Suprema ordena que “el abogado que se te pone como defensor público te tiene que avisar cuáles serían las consecuenc­ias migratoria­s de cualquier crimen del que te declares culpable, o qué es lo que puede suceder con tu caso de inmigració­n si es que estás en la corte criminal”.

Para muchos, la deportació­n se desata luego de declararse culpables de un crimen aunque sea menor, dice Rendón. “Queremos asegurar ahora que va a haber un abogado de inmigració­n dentro de los defensores públicos, que cada persona que entre para su corte de crimen entienda las consecuenc­ias y evite tener las consecuenc­ias de inmigració­n en su caso”.

El defensor público será para personas detenidas que tengan corte en el Condado de Cook, señaló Rendón, “porque el rol de los defensores públicos, es brindar representa­ción legal a cualquier persona detenida ya sea en la cárcel o en un centro de detención”.

Al provenir los fondos asignados a esta ayuda legal gratuita del Condado de Cook, no representa carga pública que pueda afectar al inmigrante porque los fondos no son federales, destacó Anaya a La Raza.

Rendón dijo que el objetivo es que todos los inmigrante­s tengan representa­ción y nadie tenga que presentars­e en corte sin un abogado: “todavía no llegamos a eso, se va tardar mucho tiempo, pero esto es un paso hacia esa meta”.l

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(CORTESÍA OFICINA COMISIONAD­A ALMA ANAYA) ‘Defenders for All’ busca dar representa­ción legal a todo inmigrante que enfrente un proceso judicial.

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