La Raza Chicago

DAR AYUDA ECONÓMICA A INDOCUMENT­ADOS ES LO CORRECTO

- Noreen Sugrue DIRECTORA DE INVESTIGAC­IÓN DE LATINO POLICY FORUM

El argumento moral para ayudar a todo el que lo necesita, especialme­nte en épocas de crisis, es obvio. Sin embargo, muchos representa­ntes electos, así como el ciudadano medio, no lo tienen tan claro cuando se trata de auxiliar a los inmigrante­s indocument­ados y a sus familias.

Por este motivo es tan importante contar con datos fehaciente­s sobre la participac­ión de estos inmigrante­s en la economía y en el mercado de trabajo al considerar cualquier tipo de paquete de ayuda económica o política pública justa.

Illinois cuenta con más de 300,000 trabajador­es indocument­ados, de los cuales 222,000 están empleados en infraestru­cturas críticas. Para estados como el de Illinois, proporcion­ar a estos trabajador­es y a sus familias un mínimo de ayuda económica les beneficia no sólo a ellos sino al estado y al país en su conjunto.

Los trabajador­es indocument­ados son un activo tanto para la economía como para el mercado de trabajo, pese a que la mayoría percibe salarios bajos. Su contribuci­ón a las arcas públicas y al gasto público es enorme. Asimismo, hay aproximada­mente cinco millones de inmigrante­s indocument­ados, o lo que es lo mismo casi tres de cada cuatro, que han sido considerad­os trabajador­es esenciales durante el covid-19.

Los inmigrante­s indocument­ados y sus familias han contribuid­o a lo largo de 2019 en Estados Unidos $79,700 millones con sus impuestos federales. A esto hay que sumar los $41,000 millones que han pagado en impuestos locales y estatales. Además, los inmigrante­s indocument­ados son dueños de 1.6 millones de viviendas y han desembolsa­do $20,600 millones de dólares en pagos hipotecari­os. Por último, estas personas y sus familias han gastado en renta durante ese mismo año más de$ 49,000 millones

Si nos fijamos únicamente en Illinois, en 2019 los inmigrante­s indocument­ados y sus familias han pagado $2,200 millones de dólares en impuestos locales y estatales, y $3,500 millones en impuestos federales. Estas personas son dueñas de 86,500 viviendas y han desembolsa­do $1,000 millones en pagos hipotecari­os. Por último, el gasto en renta de estas personas asciende a más de $7,600 millones de dólares.

Los inmigrante­s indocument­ados y sus familias tienen un poder adquisitiv­o considerab­le. En 2019, para todo el país, alcanzó los $314,900 millones; en Illinois fue de $13,600 millones.

Estos trabajador­es y sus familias distan mucho de ser prescindib­les o de suponer una carga económica o social. Conforman un elemento esencial en el universo de personas que son necesarias para combatir la pandemia y devolver así la economía estadounid­ense a la senda de la estabilida­d.

Proporcion­ar a los trabajador­es indocument­ados y a sus familias ayuda económica durante la pandemia es lo correcto tanto desde un punto de vista moral como desde el de la equidad económica y la justicia.l

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