Sociedad civil latinoamericana en campaña contra el TPP
Organizaciones de la sociedad civil de Chile, México y Perú presionan para que sus parlamentos y los de otros socios no ratifiquen el Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP), en un esfuerzo atravesado por la campaña electoral de Estados Unidos.
Tras la firma del acuerdo de libre comercio, el 4 de febrero en Nueva Zelanda, el tratado debe ser refrendado por los poderes legislativos de los 12 países del bloque, en un proceso que inauguró Malasia. Chile, México y Perú son los tres socios latinoamericanos del bloque.
El tratado entrará en vigor si a los dos años de su rúbrica está avalado por todos los socios, o cuando lo hagan seis de ellos, que en conjunto sumen 85 por ciento del producto interno bruto (PIB) colectivo.
La sociedad civil peruana creó la coalición No Negociable, para rechazar los puntos más polémicos del acuerdo.
Las plataformas Chile Mejor sin TPP y México Mejor sin TPP son iniciativas similares, con las que organizaciones no gubernamentales y figuras de la sociedad civil buscan denunciar las consecuencias negativas que tendrían el tratado para las sociedades y la gente de sus países.
Los activistass censuran que el capítulo de propiedad intelectual estipule plazos de protección de datos sobre investigaciones clínicas de cinco años para México y Perú. En el caso de medicamentos biológicos, los lapsos van de tres años para México y 10 años para Perú.
Mientras, Chile tendrá en los dos casos cinco años de protección, en consonancia con sus otros tratados de libre comercio (TLC).
Esas barreras obstaculizan a los laboratorios de medicamentos genéricos y de aquellos biológicos comparables al original salir al mercado en cuanto expire una patente.
Otro aspecto señalado es la sujeción de los Estados parte a someter las disputas sobre inversiones a tribunales extra-territoriales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Las alianzas contra el TPP critican también las disposiciones para que los proveedores de servicios de Internet vigilen el contenido que fluye por sus redes para controlar la distribución de materiales violatorios de derechos de autor.
Los activistas latinoamericanos reprochan igualmente el requerimiento de Estados Unidos a las partes de reformar leyes y regulaciones para que las normas internas se adecuen al TPP, en un proceso separado o paralelo a la ratificación legislativa.
Además, protestan, se faculta a Washington el papel de certificar que cada socio cumplió con esa demanda para que su propio aval se haga efectivo. (IPS)