Detención de indocumentados es un negocio millonario
El mes pasado el Bureau de Prisiones de Estados Unidos (BOP en inglés) anunció que dejará de utilizar prisiones manejadas o en propiedad de capitales privados para alojar convictos federales, una política bien recibida por los activistas a favor de los derechos civiles y los políticos que defienden recortes en el gasto público.
El anuncio llegó luego de un alarmante informe publicado por el inspector general del departamento de justicia que culpaba a las empresas que ganan su dinero gracias a la detención de personas y las caratulaba de ineficientes y poco seguras. Este cambió impactará sobre todas las cosas a aquellos inmigrantes detenidos por ofensas menores, por ejemplo cruzar la frontera ilegalmente o re-ingreso en el país sin autorización, situación en la que se encuentra 1/4 de la población del BOP.
Sin embargo la medida queda corta y deja afuera a los presos que se encuentran bajo control de la Oficina de Inmigración y Aduana, conocida como ICE que utiliza prisiones privadas para alojar a unos 24.567 detenidos diarios, de una población total de 33.676. Estos números han aumentado dramáticamente en los últimos años dado que la administración de Obama intentó detener las presiones conservadoras manteniendo la cantidad de detenidos y continuando con las deportaciones mientras se intentaba aprobar una reforma inmigratoria.
Son dos las compañías que más lucran con la detención de convictos, la primera es Corrections Corporation of America (CCA) y la segunda el GEO Group, su lema es mantener a los inmigrantes no violentos detrás de las rejas, un negocio que les ha dejado al menos $7 billones desde el 2005. Para sorpresa de pocos las compañías de seguridad decidieron no apoyar la nueva moción, posiblemente porque atenta contra sus bolsillos de oro.
Dejando de lado las razones prácticas detrás de la abolición de la vieja práctica, sus detractores sostienen que es moralmente cuestionable que el estado le quite la libertad a las personas – sea por lo que fuere- y que después deje la responsabilidad de su cuidado a empresas cuyo único interés es que arresten a más gente para ganar más dinero. Para los convictos por crímenes estatales o federales, sus carceleros tienen un gran impacto en su condición de presos, sobre todo cuando se trata de castigos, orden, alimentos y seguimientos de los mismos oficiales que cuidan las rejas.
El anuncio del BOP le metió presión a otra agencia pariente de ICE, el Homeland Security (Ministerio del Interior) que ahora afirma estar revisando sus políticas de uso de instituciones privadas para alojar a 9 de cada 10 detenidos federales.
Mientras el gobierno federal avanza hacia una dirección, Oklahoma va directamente por el camino opuesto, aferrándose al antiguo concepto de prisiones privadas que la gobernadora Mary Fallin tanto apoya.
Hasta el 6 de septiembre del 2016 Oklahoma tenia 26945 presos, y un 22% de esta población alojada en prisiones privadas. Son tres las prisiones pro lucro que tiene nuestro estado, Cimarron en Cushing con 1655 reclusos, Lawton con 2638 y Davis en Holdenville con 1678 presos. Estas cárceles operadas por CCA y GEO alojan presos de media y máxima seguridad y le cuestan al estado entre $44.03 y $57.96 por día, todas están sobrepobladas.
No se encuentran incluidos en las cifras anteriormente mencionadas los individuos detenidos en la Cárcel del Condado de Tulsa bajo el programa 287(g) que sirve como gran agente de recaudación para las arcas del Sheriff de Tulsa Vic Regalado, al igual que sirvió durante tantos años a los bolsillos de su predecesor Stanley Glanz. En el mundo de la detención de inmigrantes, a nivel local y nacional, don dinero sigue siendo un caballero poderoso. (La Semana)