EXPANSIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS EN MÉXICO TIENE SUS VÍCTIMAS
Expansion of Renewable Energies in Mexico Has Victims, Too
Los crecientes proyectos de generación eólica y solar en el estado de Yucatán son parte de un cambio positivo en la matriz energética de México. Pero en las comunidades afectadas esa expansión no se percibe igual, por la falta de información y consulta y por lo que altera sus vidas. “No tenemos información. Tenemos ciertas dudas, hay gente que dice que es bueno y otra que es malo. Hemos escuchado lo que se dice en otros estados”, dijo a IPS el campesino Luís Miguel.
Este indígena maya reside en Kimbilá, una localidad del municipio de Izamal que es la sede de un hasta ahora fallido emprendimiento privado de eoloenergía, frenado por la oposición de sus 3.600 habitantes y en particular de un ejido (tierra pública adjudicada para su explotación comunitaria), sobre cuyas tierras se instalaría el parque eólico.
“Existe falta de información hacia las comunidades, que no conocen el alcance de los contratos, no les explican los problemas que van a surgir. Se genera una serie de conflictos bastante fuertes y condiciones de manipulación para obtener las licencias. Aplican ingeniería social y dividen a la comunidad”: Romel González.
“Tememos que perjudiquen nuestros cultivos”, enfatizó Miguel, cuyo padre es uno de los 573 integrantes del Ejido de Kimbilá, situado en el norte de la península de Yucatán, a unos 1.350 kilómetros al sureste de Ciudad de México.
La obra cuestionada, a cargo de la empresa española Elecnor, que incluye la instalación de 50 aerogeneradores para la obtención de 159 megavatios hora al año.
La corporación instalaló una torre anemométrica en 2014, pero la población local, que vive del cultivo de maíz y hortalizas, la cría de pequeña ganadería y la cosecha de miel, apenas supo del proyecto hasta enero de 2016.
Desde entonces, en el ejido se organizaron dos asambleas y otra más se suspendió, sin llegar a un acuerdo para dar su aval al arrendamiento por 25 años de las tierras necesarias para el proyecto.
Entre tanto, en febrero de ese año, ejidatarios presentaron una queja contra la Procuraduría Agraria por su apoyo a los intereses de la empresa, impulsando asambleas contrarias a la legalidad para estos instrumentos comunitarios.
El parque tendría una vida útil de 30 años, incluidas las fases de preparación, construcción y operación, y para las cuales necesita 77 hectáreas de las 5.000 del ejido.
La empresa ofreció entre cinco y 970 dólares anuales por hectárea, según la utilidad de la tierra para la granja eólica, una propuesta que causó malestar entre los ejidatarios. Además, les daría 1,3 por ciento de la facturación por la energía generada. Pero la electricidad no atendería la demanda local. (IPS)
Tememos que perjudiquen nuestros cultivos
ENGLISH
KIMBILÁ, Mexico-- The growing number of wind and solar power projects in the southern Mexican state of Yucatán are part of a positive change in Mexico’s energy mix. But affected communities do not see it in the same way, due to the fact that they are not informed or consulted, and because of how the phenomenon changes their lives.
“We have no information. We have some doubts, some people say it’s good and some say it’s bad. We have heard what is said in other states,” small farmer Luis Miguel, a Mayan Indian, told IPS.
He lives in Kimbilá, a town in the municipality of Izmal, which is the site of an up-to-now failed private wind power venture that has been blocked by opposition from the area’s 3,600 inhabitants and in particular from the ejido or communal land where the wind farm was to be installed.
“There is a lack of information going to the communities, who don’t know the scope of the contracts; (the companies and authorities) don’t explain to them the problems that are going to arise. Conflicts are generated, and manipulation is used to get the permits. Social engineering is used to divide the communities.” -Romel González
“We fear that they will damage our crops,” said Miguel, whose father is one of the 573 members of the Kimbilá ejido, located in the Yucatán Peninsula, 1,350 km southeast of Mexico City.
The questioned project, run by the Spanish company Elecnor, includes the installation of 50 wind turbines with a capacity of 159 MW per year.
The company installed an anemometric tower in 2014, but the local population, who grow maize and garden vegetables, raise small livestock and produce honey for a living, did not find out about the project until January 2016.
Since then, the ejido has held two assemblies and cancelled another, without reaching an agreement to approve a 25-year lease on the lands needed for the wind farm.
Meanwhile, in February 2016, the members of the ejido filed a complaint against the Procuraduría Agraria – the federal agency in charge of protecting rural land – accusing it of defending the interests of the company by promoting community assemblies that were against the law.
The wind farm is to have an operating life of 30 years, including the preparatory phase, construction and operation, and it needs 77 hectares of the 5,000 in the ejido.
The company offered between five and 970 dollars per hectare, depending on the utility of the land for a wind farm, a proposition that caused unrest among the ejido members. It would also give them 1.3 per cent of the turnover for the power generated. But the electricity would not be used to meet local demand. (IPS)