El gobierno mexicano utilizó spyware para espiar a expertos internacionales
MEXICO CITY – Los expertos internacionales a cargo de la investigación en el caso de los 43 estudiantes mexicanos secuestrados y asesinados en su país hace 3 años podrían haber sido espiados por el gobierno Mexicano mediante el uso del famoso software spyware, según lo denunció un sitio de internet.
Citizen Lab, un watchdog de internet, afirma que el software de procedencia israelita fue sólo vendido a entidades gubernamentales, entre las que se encuentra el gobierno mexicano.
Periodistas en México junto con defensores de los derechos humanos y políticos en la oposición comparten las acusaciones.
Sin embargo el gobierno Mexicano niega toda vinculación y uso del spyware para espiar a sus opositores y afirma haber utilizado el software sólo en cuestiones de seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado.
Los estudiantes, que venían de una escuela de varones situada en el pueblo Ayotzinapa, al Sur de México, fueron declarados muertos tras su desaparición en el 2014 en el estado de Guerrero. Sus familiares acusaron a las autoridades estatales y nacionales de encubrir el crimen. Algunos mexicanos mantienen la esperanza de encontrarlos vivos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un conjunto de expertos internacionales para investigar la desaparición de los estudiantes. El grupo acusó al gobierno mexicano innumerables veces de obstruir la investigación.
Citizen Lab, que ha liderado las pesquisas sobre el uso de spyware, junto con diversas organizaciones mexicanas sin fines de lucro, publicaron un informe en el que detectan evidencia forense que permitiría concluir que el gobierno mexicano habría espiado los teléfonos móviles de los investigadores, entre otras cosas.
Uno de los miembros de la unidad de investigación del CIDH, el español Carlos Beristain dijo que el uso de spyware es “un crimen muy serio, dado el estatus de protección diplomática que tenemos”.
Se intentó infectar los dispositivos móviles y computadoras de los investigadores en marzo del 2016, justo después de que el grupo denunciara al gobierno Mexicano por interferir con la investigación, y mientras se preparaban para escribir un informe final.
El software, conocido como Pegasus, fue vendido a las agencias federales mexicanas por el grupo israelita NSO, bajo condición de ser utilizado únicamente para investigar criminales y terroristas. El mismo suele encriptarse mediante el envío de un mensaje de texto a un teléfono inteligente. Si la persona en cuestión abre el mensaje, el software se instala automáticamente, dándole al hacker acceso a todo tipo de información privada, incluyendo mensajes de texto, fotos, mails, locación, micrófono y cámara.
La periodista mexicana Carmen Aristegui es otra de las afectadas, y asegura que ella, su hijo adolescente y su equipo de investigación recibieron los mensajes.
Uno de los mensajes que los investigadores recibieran el pasado marzo era de una persona que intentaba enviar información personal sobre un funeral y leía: “Aquí están los detalles, esperamos que puedas venir”.
Beristain asegura haber recibido el mensaje, pero decidió ignorarlo porque sospechó de espionaje.
En la tarde del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes desaparecieron en Guerrero. Los jóvenes estaban estudiando docencia en una escuela con un amplio historial de activismo de izquierda.
Antes de desaparecer tuvieron un encontronazo con la policía municipal, que intentaba impedir su protesta. La policía abrió fuego contra el ómnibus donde estaban los estudiantes. Según el informe oficial del gobierno, el grupo fue después entregado por policías corruptos a un cartel de drogas local.
La versión del gobierno indica que los cuerpos fueron quemados en una pira en un basurero local, donde se logró identificar parcialmente a un estudiante y mediante a un hueso gastado a otro de los jóvenes Alexander Mora.
Los investigadores del CIDH no están de acuerdo con la teoría del gobierno, pues no encontraron evidencia suficiente que acompañe los hechos. El ministro de justicia de México declaró muertos a los estudiantes apenas se sucedió la tragedia, pero los familiares quieren pruebas de lo que pasó esa noche y ante todo que se haga justicia.
El caso se conoce en el país y en toda Latinoamérica como el caso de los “43”.