Nueva cárcel de la ciudad
¿ beneficiará a los indocumentados ?
La semana pasada el alcalde de la ciudad de Tulsa, G.T. Bynum anunció los nuevos planes para que la ciudad de Tulsa tenga su propia penitenciaria para todos aquellos reclusos acusados de cargos municipales. La iniciativa es parte de un esfuerzo para recortar el costo de mantenimiento de las penitenciarias y los costos de las detenciones; y para conseguirlo la ciudad deberá invertir más de $550.000 para renovar el edificio existente ubicado al Oeste de la Corte del Condado, edificio que hoy aloja a las cortes municipales y al Departamento de Policía de Tulsa.
¿Cómo afectará la nueva cárcel a aquellos detenidos bajo el controversial programa 287(g)? ¿Qué implicancias tendrá la nueva propuesta para aquellos indocumentados detenidos por violaciones de tránsito o por no pagar multas municipales? ¿Tratará el estado a los indocumentados igual que al resto de los ciudadanos, dado que estos son individuos que no deberían ser detenidos por la policía pero que ocasionalmente terminan en la misma red que el resto de los peces?
Bajo el sistema actual si una persona tiene una orden de detención emitida por el municipio y es detenida por una violación de tránsito, entonces al llegar al centro penitenciario David L. Moss, gracias al programa 287 (g) se le hará una verificación de datos -por medio de una base de datos federal- y los resultados pueden terminar en acciones del ICE y hasta la deportación de los indocumentados.
Esta fue la principal discusión que guió la reunión del comité de directores de la Coalición por el Sueño Americano (ADC), una organización de defensa de los derechos del inmigrante, el pasado lunes por la noche. El ex jefe de policía de la ciudad y asesor de la ADC, Drew Diamond predijo que el nuevo sistema podría terminar con este tipo de pe- sadillas, poniendo fin a la vinculación federal de crímenes menores, y aliviando el drama de los indocumentados.
“El problema podría desaparecer fácilmente”, dijo Diamond explicando que si la policía de Tulsa detiene a un individuo por cargos municipales, esa persona iría a parar a la cárcel municipal y no a la del condado, y dado que la ciudad no participa del 287 (g) no habría riesgos de intervención del ICE.
A pesar de las buenas noticias Diamond le recomendó a todos aquellos que no hayan pagado sus multas municipales o que enfrenten cargos por violaciones de tránsito que paguen lo que deben y comparezcan ante la corte para evitar órdenes de detención que terminen en arrestos.
El beneficio sólo será para quienes enfrenten cargos municipales, todos aquellos que tengan en su contra cargos estatales, o una combinación de ambos serán alojados en el centro penitenciario del condado de Tulsa que sigue los lineamientos del 287 (g).
La ciudad de Tulsa demorará meses en renovar y abrir la nueva cárcel municipal, hasta entonces se enviarán los detenidos del municipio a la cárcel del condado de Okmulgee, donde el precio por alojamiento es menor que en el condado de Tulsa.
El sheriff de la ciudad, Vic Regalado dijo que la iniciativa del alcalde es financieramente irresponsable, pues duplica los costos de la ciudad al obligarnos a los ciudadanos a pagar dos cárceles, aumentando a su vez los riesgos de seguridad pública en el traslado de los presos de Tulsa a Okmulgee.
Aún queda por verse cómo tratará la cuestión inmigratoria el condado de Okmulgee, si bien hasta el momento el condado no tiene cooperación con el programa 287 (g), se sabe que actualmente aloja a 10 presos del ICE y tiene lugar para unos 200. (La Semana) ENGLISH
But how will the change affect those held under the controversial 287(g) program? Specifically, what does it mean for those detained on minor traffic charges or for failure to pay municipal fines, but who are also undocumented? These are the individuals who not supposed to be targeted by immigration officers, but who occasionally get caught up in the net just the same.
Under the current system, this can happen if someone has a municipal warrant and is subsequently stopped for a traffic violation. When that person is booked into the David L. Moss Detention Center, the Tulsa County Sheriff’s Office’s 287(g) contract mandates that the individual’s name be run through a federal database, which can result in an ICE hold and possible deportation.
This was a chief topic of discussion at a Monday night meeting of the board of directors of the Coalition for the American Dream (ADC), a Tulsa immigrant rights advocacy organization. Former Tulsa Police Chief Drew Diamond is Senior Advisor to the ADC board. Diamond predicted the new system could make the nightmare of minor charges leading to deportations a thing of the past.
“We could see this problem go away,” Diamond said, explaining that if Tulsa police detain someone for purely municipal warrants, that person would in future be booked into the Tulsa City Jail instead of the county jail. Because the City of Tulsa does not participated in 287(g) there would be no risk of an ICE hold.
However, anyone facing municipal fines or charges is encouraged to pay what is owed and attend all required court proceedings in order to avoid warrants that could lead to arrest, something no one wants to experience.
The change will have no affect on those facing state charges or a combination of state and municipal charges. These inmates will continue to be housed in the Tulsa County jail and are subject to the full detriment of 287(g).
It will take some months for the city to carry out renovations and open the new jail, during which time the Tulsa City Council has approved sending municipal detainees to be housed in the Okmulgee County Jail, which is offering a much lower daily rate than Tulsa County.
Tulsa County Sheriff Vic Regalado said the city’s scheme is financially irresponsible, citing duplicate costs of running two local jails and the added expense and risk to public safety of transporting inmates to and from Okmulgee on a daily basis.
How municipal detainees with immigration issues will fare in Okmulgee remains unknown. Although the county to the south of Tulsa does not presently have a 287(g) program, it has already begun housing inmates for ICE – 10 to begin with and a proposed total of up to 200. (La Semana)