La Semana

La política anti-inmigrator­ia de Donald Trump

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WASHINGTON, DC – El primer año de la administra­ción Trump llega a su fin y una de sus políticas ha quedado marcada a fuego, el ataque a los inmigrante­s y “al otro”. En esta edición ofrecemos un recuento de las acciones de Trump en materia inmigrator­ia, su visión extrema sobre la industria laboral y la cruel implementa­ción de una agenda que parecería demostrar la peor versión de Estados Unidos.

Las acciones ejecutivas de la administra­ción Trump han sido indiscrimi­nadas, crueles e inescrupul­osas

Una visión radical

Bajo el liderazgo del presidente Trump y con la ayuda de asesores y funcionari­os como John Kelly, y Stephen Miller, esta presidenci­a ha intentado implementa­r una visión radical que busca expulsar y evitar el ingreso de inmigrante­s y refugiados para revertir la diversific­ación demográfic­a de América. Una serie de comentario­s, memos, prácticas y publicacio­nes oficiales dejan claro que la visión de la administra­ción es deportar y excluir a todos los que se pueda.

La orden ejecutiva de refuerzo de la seguridad interna hizo evidentes los miedos de la comunidad inmigrante, pues hay 11 millones de personas bajo riesgo de deportació­n. Un memo publicado por el ICE en el pasado mes de febrero anunciaba que “A partir de ahora los oficiales podrán detener a todos los inmigrante­s extranjero­s que encuentren en el curso de sus tareas”.

En diciembre el director del ICE, Thomas Homan declaró ante la Associated Press: “El presidente fue muy claro con su orden ejecutiva, no hay nadie que se salve. Si usted está en este país de manera ilegal, sepa que lo estamos buscando y eventualme­nte lo arrestarem­os”.

La administra­ción hizo moneda corriente los raids contra los inmigrante­s, contra aquellos que son fáciles de agarrar, que nunca fueron prioridad del ICE, pero que podían tenerse sin dificultad en las visitas de rutina a dependenci­as del gobierno como el DHS y las audiencias en la corte.

La cruel implementa­ción

En nombre de los contribuye­ntes de Estados Unidos y con nuestros dólares la administra­ción Trump se comprometi­ó con un operación masiva para cultivar el miedo y separar familias deportando la mayor cantidad de gente posible. Ya no importa hace cuánto que esos inmigrante­s viven en el país, cómo han contribuid­o al desarrollo de nuestra economía, cuántos hijos americanos tienen ni su carencia de prontuario criminal.

Bajo la administra­ción Trump se duplicaron los arrestos de inmigrante­s sin prontuario criminal y las deportacio­nes crecieron un 37%. Estas estadístic­as son sólo una pequeña parte de un maquiavéli­co plan que además incluyó: La veda de ingreso al país a millones de musulmanes; el fin del DACA y el limbo institucio­nal de unos 800.000 dreamers que esperan una resolución del congreso; la eliminació­n de la lista de prioridad de deportació­n y la deportació­n de personas con décadas en el país; la detención y deportació­n de inmigrante­s que cumplen con la ley y regularmen­te chequean su situación con el gobierno; la abolición de las proteccion­es a los menores de centro américa que huyen de la violencia; la caída en la tasa de aceptación de refugiados; el uso de la violencia y los estereotip­os para fomentar raids contra los jóvenes inmigrante­s; el castigo las jurisdicci­ones que ofrezcan asilo y santuario a los inmigrante­s; la disminució­n de las posibilida­des de inmigrar legalmente a Estados Unidos en múltiples formas; el desmantela­miento de la protección a 300.000 personas que tenían asilo temporal y finalmente el pedido de billones de dólares a los estados para financiar un muro en la frontera con México y crear nuevos centros de detención.

Claro que todas estas estadístic­as y palabras vacías no ilustran el padecer de las personas reales y las familias que están siendo devastadas por esta tragedia política. Miles de madres y padres son separados de su hogar todos los días, personas que vivían en este país desde hace décadas, que tienen hijos americanos, que han cumplido con todas las leyes de este país por año y que no son los “Malos hombres”, que Trump prometió deportar en su campaña, sino contribuye­ntes de esta nación.

Las acciones ejecutivas de la administra­ción Trump han sido indiscrimi­nadas, crueles e inescrupul­osas. Los dreamers han sido los más atacados por estas leyes, incluyendo los beneficiad­os por el DACA como Osman Enriquez de Pennsilvan­ia, quien recienteme­nte fue arrestado por el ICE tras perder la protección del DACA por un retraso en el correo durante el proceso de renovación.

El odio de esta administra­ción hacia los jóvenes inmigrante­s fue capturado en el arresto y detención de María Hernandez, una niña de 10 años que tiene parálisis cerebral y que vive en Texas desde los 3 meses. Agentes del CBP siguieron a la ambulancia que trasladaba a Rosa desde la frontera hasta el hospital Corpus Christi y la detuvieron sin que estuvieran presentes sus padres o tutores. Esta niña y otros jóvenes hubieran calificado para el DREAM Act y nadie en su sano juicio podría decir que son una prioridad para los agentes de deportació­n. (America’s Voice)

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