La Semana

Migración de Estados Unidos publica su política de arrestar indocument­ados en tribunales

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Desde 1992 existen un tipo de visa para inversioni­stas en Estados Unidos: la EB5. Este tipo de visa busca, por un lado, promover la inversión y el empleo de ciudadanos estadounid­enses; y, de otro, garantizar a los inversioni­stas un proceso expedito de migración y residencia legal para los inversioni­stas.

Dentro de las condicione­s de este tipo de visa, la persona debe aportar una inversión mínima de U$500.000 y empleo para al menos 10 personas residentes en los Estados Unidos. Sin embargo, las nuevas políticas migratoria­s del gobierno Trump podrían impactar dichas condicione­s.

“Se espera que en abril de este año se conozcan nuevas condicione­s para la visa EB-5. Dentro de lo más importante, se cree que el monto de inversión podría subir a U$1,3 millones o más, lo que haría que menos personas puedan aplicar a esta visa”, explica David J. Hart, experto en el tema y miembro de la Asociación de Americana de Abogados de Inmigració­n.

Por ello, Hart y el Fondo Deco Capital, presentan en Colombia un plan de inversión inmobiliar­io, aprobado por el Servicio de Inmigració­n de los Estados Unidos (USCIS), mediante el cual, 50 inversioni­stas, podrán adquirir viviendas en Landmark, en el Doral, Florida, las cuales por cinco años se alquilan, mientras obtienen su visa de residencia, para luego ser vendidas y retornada la inversión con intereses.

“Nos hemos aliado con Lennar, una de las constructo­ras de vivienda más relevantes de los Estados Unidos, quienes ya comenzaron la construcci­ón de estas unidades familiares en Doral. El proyecto cuenta con las garantías y seguros de inversión”, comentó Hart.

Deco Capital, la empresa que desarrolla este foro informativ­o para inversioni­stas en Colombia, “les apoyará

La oficina estadounid­ense de migración divulgó esta semana una directiva del gobierno federal que autoriza a sus agentes a arrestar indocument­ados que acuden a los juzgados como acusados, víctimas o testigos, una práctica que venían denunciand­o activistas de derechos humanos.

La directiva establece que la oficina de Migración y Aduanas (ICE, conocida como "migra" en español) puede arrestar a inmigrante­s con casos pendientes de deportació­n en cortes federales, estatales y locales, cualquiera sea la razón que los haya llevado a tribunales.

Firmada por Thomas Homan, director interino de ICE, la orden explica que tales arrestos son más seguros porque los oficiales tienen la garantía de que los inmigrante­s no estarán armados.

"Los individuos que ingresan a los tribunales normalment­e son registrado­s por personal de las fuerzas del orden en busca de armas o contraband­o. Por ello, las acciones para hacer cumplir la ley migratoria que se tomen dentro de los juzgados pueden reducir riesgos", señala el texto publicado el miércoles en la página de ICE.

El documento está fechado 10 de enero del año pasado, diez días antes de que el presidente Donald Trump asumiera el mando prometiend­o mano dura contra la inmigració­n ilegal.

Un alto oficial de ICE informó a periodista­s que su objetivo son extranjero­s con condenas criminales, pandillero­s, personas que entraron de nuevo ilegalment­e luego de ser deportadas o quienes no han cumplido una orden de deportació­n.

La oficina también explicó que la negativa de las "ciudades santuario" de colaborar con ICE ha provocado el aumento de los arrestos en los tribunales.

De acuerdo a los grupos pro-inmigrante­s, esta política aleja a los inmigrante­s del acceso a justicia.

El Immigrant Defense Project, una ONG de defensa de los inmigrante­s con sede en Nueva York, había denunciado en noviembre "una importante escalada de arrestos de ICE" en los tribunales en todo el país.

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