Rebelión social sigue en Nicaragua y pone en jaque a Ortega
Ortega in check as rebellion continues in Nicaragua
Con la mayor manifestación que se recuerde desde la celebración del fin de la guerra civil, en 1990, decenas de miles de personas desafiaron este lunes 23 en Nicaragua al gobierno, en lo que evidenció que la protesta no se aplacó con el retiro de la polémica reforma de la seguridad social.
La multitudinaria movilización confirma, para participantes y analistas, que por primera vez en 11 años en el poder, el presidente Daniel Ortega perdió el control de las calles y el rumbo del país, que ha controlado con mano cada vez más autoritaria, mientras crecía un larvado descontento que ahora lo pone en jaque.
Las protestas, que comenzaron el 17 de abril, se han saldado hasta ahora con al menos 28 muertos según organizaciones humanitarias, a las que se suman decenas de heridos y cientos de arrestos en Managua y otras ciudades del país, por las que se extendió el estallido, en el que se pusieron al frente los estudiantes universitarios.
Pero las dos grandes concentraciones que se produjeron este lunes 23 en Managua y otras 35 ciudades del país discurrieron sin grandes incidentes, en parte por la falta de presencia policial y militar, al menos hasta el anochecer de la jornada.
El detonante de la rebelión fue una reforma de la seguridad social, adoptada en forma ejecutiva y unilateral, que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar los aportes al sistema, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento las pensiones jubilatorias.
La medida, que perjudicaba a 22 por ciento de los 6,3 millones de habitantes de este país centroamericano, solo fue consultada con sindicatos y gremios oficialistas de trabajadores e ignoró incluso al que ha sido su interlocutor patronal más cercano hasta ahora, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La violenta represión de la policía y fuerzas de choque del gobierno contra los estudiantes universitarios que salieron a protestar contra la reforma, extendió las manifestaciones, a las que se sumaron banderas como la protesta por la corrupción, y a que fueron añadiéndose organizaciones sociales y fuerzas opositoras.
Ortega, exguerrillero sandinista de 73 años y presidente del país entre 1985 y 1990, se mantuvo ausente de la escena mientras se incrementaba la represión y el Ejército salía a patrullar las calles después que las protestas se extendían por al menos 84 grandes plazas de los 15 departamentos del país.
Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, situó hasta este lunes 23 los muertos de las protestas en 28, todos por armas de fuego, la mayoría jóvenes universitarios y dos agentes policiales. A las víctimas mortales se sumaron 64 heridos, también baleados, y al menos 200 arrestados.
El domingo 22, Ortega compareció finalmente por radio y televisión para anunciar el retiro de la reforma y plantear un diálogo al respecto, al que convocó a los empresarios aglutinados en Cosep y a la Iglesia Católica.
Pero para el analista social Humberto Meza, la derogación del decreto llegó demasiado tarde “y ahora es urgente la exigencia de protección de los derechos humanos y el fin de la represión”, dijo a IPS.
La socióloga Elvira Cuadra consideró lo mismo sobre el diálogo, “tantas muertes después”, porque ahora el tema ya no es solo la reforma a la seguridad social, sino que se han sumado demandas acumuladas desde que en 2007 volvió al poder, de la mano del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Cuadra citó a IPS entre esas demandas la falta de transparencia en las elecciones, ausencia de institucionalidad, deterioro de las libertades públicas y políticas, la violación de los derechos humanos, la corrupción de los poderes del Estado y la carestía de la vida en el segundo país más pobre de América Latina.