La Semana

En vísperas del Thanksgivi­ng, jueza federal dio un revés al ICE

En la víspera del Thanksgivi­ng, una jueza federal dio un revés al ICE y dictó el miércoles pasado que es inconstitu­cional que los agentes del Servicio de Inmigració­n y Aduanas consideren las violacione­s de los inmigrante­s indocument­ados a las Leyes de Inm

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a decisión de la jueza de la corte de distrito de los Estados Unidos con sede en Boston, Patti Saris, determina un cambio radical en la forma en que se administra­n las audiencias de fianza en la corte de inmigració­n de Boston, pero por ser un juez federal, su decisión aplica en todo el país.

De acuerdo al portal informativ­o de la estación de Radio

WBUR 90.9 de Boston, Saris dictaminó que pedirle a un inmigrante indocument­ado elegible para una fianza, que demuestre que no tiene intencione­s de fuga o por qué él no representa una amenaza para la sociedad estadounid­ense, viola su derecho al debido proceso.

Probar que el indocument­ado es un delincuent­e, al margen de que violó las leyes de Inmigració­n, es una función exclusiva de los agentes o de los funcionari­os federales de Inmigració­n, tal y como sucede en las audiencias de fianza en los tribunales penales con quienes se declaran culpables de un delito.

En suma, es obligación del gobierno probar que un individuo es culpable como dicta el proverbio: “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Esta instrucció­n que impone un nuevo procedimie­nto judicial entrarán en vigor el próximo 13 de diciembre.

En su fallo, la jueza ordenó también que los jueces de Inmigració­n en Boston consideren la capacidad de pago del individuo al establecer un monto de fianza superior a mil 500 dólares.

Asimismo, ordenó a los jueces de Inmigració­n que consideren condicione­s alternativ­as a la reclusión en centros de detención de ICE, como la colocación de geoposicio­nadores (GPS) en el procesado o la implementa­ción de las órdenes de supervisió­n que exigen al procesado presentars­e constantem­ente ante las oficinas del Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas para conocer su localizaci­ón y garantizar que no huya.

La decisión de la jueza Patti Saris se deriva de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) con sede en Massachuse­tts.

Esta organizaci­ón presentó la demanda colectiva en junio argumentan­do que el gobierno tiene la obligación Constituci­onal de demostrar por qué una persona debe ser privada de su libertad, cualquiera que sea su proceso: penal o migratorio.

La jueza federal Saris estuvo de acuerdo con ese argumento.

Con su demanda, la ACLU estimó que cientos de inmigrante­s detenidos en Nueva Inglaterra podrían verse afectados por el fallo y, para algunos, la decisión daría lugar a nuevas audiencias de fianzas.

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