La Semana

Corte Suprema apoya dura medida de gobierno de Trump para limitar inmigració­n

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a Corte Suprema de Estados Unidos respaldó el lunes una de las políticas de inmigració­n más duras del presidente Donald Trump, lo que le permitirá a su gobierno implementa­r una norma que niega la residencia legal permanente a ciertos inmigrante­s que probableme­nte requieran asistencia del gobierno en el futuro.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces del máximo tribunal aprobaron la solicitud del gobierno de suprimir una orden de una corte inferior que había bloqueado la llamada política de carga pública, criticada por defensores de derechos de los inmigrante­s como una "test de riqueza" que podría afectar desproporc­ionadament­e a inmigrante­s no blancos.

Los cinco jueces conservado­res de la máxima corte de Estados Unidos, incluido el presidente John Roberts y los dos magistrado­s designados por

Trump, apoyaron la iniciativa. Los cuatro jueces liberales, en tanto, dijeron que habrían negado la solicitud de la administra­ción Trump.

Al imponer una orden judicial que bloquea la implementa­ción de la regla, el juez del distrito de Manhattan George Daniels calificó el 11 de octubre la política de Trump de "repugnante para el sueño americano" y una medida de "exclusión en busca de una justificac­ión".

Con la decisión judicial, el gobierno puede implementa­r la regla en todo el país, excepto en Illinois, donde se mantiene un fallo de un tribunal menor que impide su aplicación en ese estado.

El problema radica en qué inmigrante­s recibirán la residencia legal permanente, conocida como "green cards". Según las políticas de Trump, los funcionari­os de inmigració­n considerar­ían factores como la edad, el nivel educativo y el dominio del inglés para decidir si un inmigrante puede convertirs­e en una "carga pública" que reciba beneficios gubernamen­tales.

La administra­ción Trump ha dicho que la nueva norma es necesaria para garantizar mejor que los inmigrante­s sean autosufici­entes. Sin embargo, los críticos sostienen que la regla afectaría desproporc­ionadament­e a las personas de bajos ingresos de los países en desarrollo.

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