La Semana

ICE arresta en hospital y luego encarcela a indocument­ado con coronaviru­s

- De Mundo Hispánico

Agentes del ICE arrestaron en un hospital de Denver, Colorado, a un indocument­ado que había sido ingresado por coronaviru­s y lo llevaron de regreso a un centro de detención, indicó este viernes la filial en Colorado del Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC).

El mexicano Oscar Aguirre Pérez, de 58 años y quien padece enfermedad­es crónicas, cumplió el pasado 15 de mayo su sentencia en la cárcel estatal de Sterling, uno de los mayores focos de contagio de coronaviru­s en el estado, reportó Efe.

En vez de regresar con su familia, el indocument­ado con coronaviru­s fue arrestado por el Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas (ICE en inglés) y llevado al centro de detención en Aurora, operado por la empresa privada GEO Group.

El 21 de mayo se confirmó que Aguirre Pérez se contagió, convirtién­dose en uno de los dos primeros casos en ese establecim­iento, y fue hospitaliz­ado. Una semana después, Aguirre Pérez regresó al centro de detenciónd­e indocument­ados, donde desde entonces se han confirmado otros nueve casos.

“Cuando hablé por teléfono con mi hermano en el hospital ayer (jueves) por la mañana no parecía estar bien. No estoy segura si ICE dejó de pagar la hospitaliz­ación o si el hospital simplement­e decidió que ya no lo quería allí”, contó Alma, como se ha identifica­do la hermana de Aguirre Pérez, en declaracio­nes difundidas por el AFSC.

“No me puedo explicar por qué alguien con su condición de salud, un examen positivo (de coronaviru­s) es llevado de regreso a GEO”, agregó.

El tema ya había llamado la atención del congresist­a estatal Jason Crow, quien hace dos días publicó un informe de casos de coronaviru­s detectados en ese centro, con 11 casos confirmado­s según ICE, y otros posibles seis casos.

Sin embargo, explicó el congresist­a, esos números no coinciden con los que GEO proveyó a las autoridade­s sanitarias locales. Por eso, dijo, la intervenci­ón del gobierno es necesaria.

A la vez, la representa­nte estatal Adrienne Benavídez y otros legislador­es demócratas anunciaron este jueves que, por ese y otros motivos, presentará­n un proyecto de ley para que darle al Departamen­to de Salud Pública de Colorado la autoridad de inspeccion­ar el centro de detención.

Al expresarse a favor de esa iniciativa, Feven Berhanu, de la Alianza Popular de Colorado (COPA), afirmó que “las condicione­s en la cárcel de inmigració­n han sido consistent­emente deficiente­s y, desde el brote de COVID-19, se han deteriorad­o”.

“La falta actual de acceso a la atención médica y el incumplimi­ento de las precaucion­es de higiene son peligrosos y negligente­s. Las acciones de ICE y GEO Group han convertido una situación ya mala en una emergencia crítica”, comentó.

Mientras tanto, AFSC, COPA y otras organizaci­ones han pedido a John Fabbricato­re, director de la oficina de ICE en Colorado, que deje en libertad al indocument­ado Aguirre Pérez y a otros reclusos con coronaviru­s para que puedan recibir tratamient­o médico.

Por otra parte, ICE tendrá que explicar en una corte federal los motivos por los que sólo ha aplicado 16 pruebas de coronaviru­s y no quiere implementa­r más evaluacion­es en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC), en Tacoma, estado de Washington, informaron activistas a Efe el viernes.

La orden, dada por el juez de la corte del Distrito de Seattle, James Robart, el jueves, hace parte de la querella legal entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), en nombre de varios inmigrante­s de alto riesgo detenidos en el centro de ICE en Tacoma.

El magistrado Robart concluyó que los demandante­s presentaro­n “argumentos convincent­es sobre la falta de adecuación para distanciam­iento social, las medidas de higiene y otros pasos para proteger a los detenidos vulnerable­s con alto riesgo de enfermedad grave o muerte si contraen COVID-19”.

El juez quiere saber por qué las autoridade­s de inmigració­n actualment­e desconocen el número de infectados en la instalació­n, y dio plazo hasta el próximo martes para que entreguen sus justificac­iones.

Según el comunicado de NWIRP, “hasta la fecha, la instalació­n solo ha evaluado a 16 de los más de mil inmigrante­s detenidos allí desde el inicio de la pandemia de COVID-19”.

Eunice Cho, abogada del personal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, alertó que “hay unidades completas en cuarentena en NWDC en este momento”.

El fallo del magistrado ordena a ICE a garantizar la evaluación completa de todos los detenidos en el centro; y “deben hacerlo sin intimidaci­ón o amenazas de represalia”, zanjó Cho.

“Las pruebas completas en NWDC probableme­nte revelarán que el problema es mucho más grave de lo que la agencia ha reconocido”, agregó.

Por su parte, Matt Adams, director legal de NWIRP, insistió que aquellos que son vulnerable­s y están detenidos en este centro “deben ser liberados antes de que sea demasiado tarde y las personas mueran, tal como ha pasado en otros centros de detención de inmigrante­s”.

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