WILDFIRE ECONOMIC DAMAGE LINGERS AFTER THE FLAMES
Recent studies highlight scope, variety of effects
The damage caused by wildfires can be devastating, gutting structures and driving out people who live and work nearby. And researchers say the smoke from the annually recurring blazes also delivers economic damage to areas that were never touched by the flames.
Beyond the toll wildfire smoke can have on the health of those in affected areas, there are infrastructure and business costs, experts said.
Expenses paid by homeowners to improve or increase measures to protect their properties and the impact of smoke on livelihoods and budgets can be significant.
Wildfires that burned thousands of square miles throughout the U.S. West last year knocked out power, destroyed homes and buildings, and forced evacuations.
Oregon and Colorado fires damaged or destroyed more than 10,000 buildings. Five of the six largest wildfires in California’s history occurred in 2020.
Accompanying the fires was smoke that left Western communities immersed in gray and orange haze that blotted the sky and caused normally hot midday temperatures to remain at cool nighttime levels in some areas.
Wildfire smoke plumes — and their economic impact — can travel far beyond the blazes, said Eric Zou, assistant professor of economics at the University of Oregon.
“When we think about health and labor market effects of wildfire, it is important to think beyond the areas in the immediate vicinity of the fires,” Zou said.
The European Union’s Copernicus Atmosphere Monitoring Service reported in September that smoke from western U.S. wildfires traveled nearly 5,000 miles to Britain and other parts of northern Europe.
Zou co-authored a paper with University of Illinois economists Mark Borgschulte and David Molitor on the economic effects of wildfires that was presented to an American Economic Association conference in January 2020. Molitor said there is a quantifiable economic relationship to the amount of smoke reaching communities.
“We estimate that an additional day of smoke exposure reduces earnings by about 0.04 percent over two years,” Molitor said. “The effect is largest in the year of smoke exposure, but the effects may linger for up to two years post-exposure.”
Benjamin Jones, assistant professor of economics at the University of New Mexico, said researchers are only beginning to understand the extent to which wildfire smoke impacts local economies.
“It is certainly possible, perhaps even likely, that the economic effects of wildfire smoke exposure may persist for months or even years after a large smoke event,” he said.
Jones said smoke exposure damaging the health of workers can “affect job performance, labor market productivity and perhaps even wage earnings and retirement savings,” Jones said.
Prolonged and intense fires like those in the Pacific Northwest last year may affect people’s health “in such a significant way that there are longer-term impacts to local economies well after the wildfire that caused the smoke has been extinguished,” Jones said.
Two of the most visible industries impacted by wildfire smoke are tourism and outdoor recreation. Jones cited U.S. Bureau of Economic Analysis calculations that found the outdoor recreation economy accounted for $459.8 billion in 2019, or 2.1 percent of the national gross domestic product, which is the sum of all goods and services produced within a country’s borders.
“People tend to avoid national and state parks when wildfire smoke is present, which can depress local accommodation, hospitality and outdoor recreation industries, especially in rural areas in the American West,” Jones said.
La sobrecarga de casos, los retrasos considerables en los litigios y el aumento de los costes han llevado al Congreso a estudiar de nuevo la posibilidad de ampliar el número de jueces de los tribunales federales.
En una audiencia celebrada la semana pasada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, tanto los congresistas como los testigos, incluidos los de San Diego, caracterizaron la situación como una crisis que lleva décadas gestándose.
“Llevamos más de 20 años en una situación de emergencia judicial”, declaró la jueza jefe de distrito Kimberly Mueller, del Distrito Este de California, ante el Subcomité de Tribunales, Propiedad Intelectual e Internet.
La Conferencia Judicial de los Estados Unidos —el órgano de formulación de políticas de los tribunales federales— propusó que el Congreso cree 65 nuevos
puestos de jueces permanentes en determinados tribunales de distrito para colaborar con los 663 puestos existentes, así como convertir ocho puestos temporales en permanentes. California debería obtener 23, según la conferencia, incluyendo cuatro en el Distrito Sur de California, que abarca los condados de San Diego e Imperial.
La propuesta, respaldada por organizaciones legales progresistas, no es tan controvertida como la idea de ampliar la Corte Suprema de los Estados Unidos y parece tener cierto apoyo bipartidista —incluso por parte
del miembro del subcomité, el representante Darrell Issa, republicano de Vista, que patrocinó un proyecto de ley similar en 2018 que habría añadido 52 nuevos puestos de juez.
Sin embargo, él y otros republicanos enfatizaron que respaldar una medida de este tipo probablemente vendría con un compromiso que tal vez distribuiría los nombramientos a lo largo de los ciclos electorales presidenciales actuales y futuros para no inundar los tribunales con los nombramientos del presidente Joe Biden.
El último gran impulso a los tribunales federales se produjo con la legislación de 1990. Desde entonces, el número de casos presentados ha aumentado, mientras que el número de jueces de distrito asignados para atenderlos se ha mantenido relativamente estancado.
La situación no es diferente en San Diego, que tiene autorización para 13 jueces en activo, reforzados por 14 jueces magistrados, nueve jueces superiores y algún que otro juez visitante.
Desde 2003, la última vez que el Congreso añadió plazas de juez a nivel local, el número de casos presentados ha aumentado un 17 por ciento, declaró el juez de distrito Larry Burns, que recientemente dejó el cargo de jefe para asumir la categoría de senior en el distrito.
Cuando se considera la carga de casos ponderada —una evaluación que determina la cantidad de tiempo que cada tipo de caso toma para completar— el Distrito Sur en 2019 manejó muy por encima de la media nacional, 634 casos por juez frente a 535. El objetivo está en torno a los 430.
La aplastante carga de casos se ha visto agravada por las vacantes en la judicatura —Biden tiene actualmente cinco por cubrir a nivel local— y un considerable retraso en los casos civiles paralizados por la pandemia del COVID-19.
“Nuestra carga de casos penales es absolutamente asombrosa aquí", explicó Burns al subcomité, señalando el nexo del distrito con la frontera entre Estados Unidos y México. De 2017 a 2019, las presentaciones criminales aumentaron un 30 por ciento, en gran parte debido al impulso de la administración de Trump para procesar las entradas ilegales de delitos menores en los Estados Unidos.
“Los efectos del aumento de nuestra carga de casos han sido profundos y han conducido inexorablemente a un retraso en el manejo de los casos —particularmente los casos civiles”, dijo Burns.
Si se aprueban los nuevos jueces, Burns dijo que se podrían crear más salas de audiencia y espacio de oficina en los juzgados vecinos de San Diego, así como en las instalaciones de El Centro.
La Conferencia Judicial también ha recomendado la adición de cinco nuevos puestos de jueces a los 29 asientos existentes en el Tribunal de Apelaciones del 9o Circuito de Estados Unidos.
Issa y otras personas dijeron que la consideración de una ampliación no debería ir sin un debate sobre la reestructuración del gigantesco circuito, el más grande de la nación, que abarca California, otros ocho estados del oeste y dos territorios estadounidenses.
Brian Fitzpatrick, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, en Tennessee, declaró que el 9o Circuito ha sido durante mucho tiempo objeto de quejas por su tamaño, su volumen de trabajo y su tendencia liberal. Sin embargo, ese equilibrio político ha ido cambiando con los recientes nombramientos republicanos. En la actualidad, el 9o Circuito cuenta con 13 jueces activos nominados por el Partido Republicano y 16 nombrados por los demócratas.
“Ahora estamos cerca de la paridad en el 9o Circuito. Por lo tanto, este puede ser un momento oportuno para que el Congreso haga cambios sin implicaciones partidistas obvias que ayuden a un lado u otro”, dijo Fitzpatrick. “Soy optimista, ahora es el momento de hacer el trabajo que debería haberse hecho hace tiempo”.