SE RETRASA LA ORDENANZA QUE REGULA LA TECNOLOGÍA DE VIGILANCIA
Establece una exención para los policías federales
El impulso a la supervisión de las tecnologías de vigilancia en la ciudad de San Diego encontró un obstáculo el lunes, cuando el Ayuntamiento acordó cambiar partes de una ordenanza propuesta que regularía el uso de la tecnología.
El cambio más notable es el que establece una exención para los policías de los grupos de trabajo federales, lo que significa que no tendrán que revelar la información de vigilancia. Debido a este y a otros cambios, es probable que pasen semanas antes de que la ordenanza vuelva al Ayuntamiento para su votación.
La ordenanza se propuso después de que los funcionarios electos y los residentes de San Diego se enteraran en 2019 de que la ciudad había instalado discretamente cámaras en 3000 farolas inteligentes tres años antes. La idea era crear una mayor transparencia y proteger las libertades civiles.
Hay dos ordenanzas propuestas, que en conjunto se denominan Uso Transparente y Responsable de la Tecnología de Vigilancia, o TRUST. Una de ellas establecería las normas que rigen el uso de la tecnología; la otra crearía un consejo asesor sobre la privacidad.
Entre los requisitos se incluiría un examen anual de cada tecnología desde el punto de vista de los derechos civiles, la divulgación de las violaciones de datos y un examen de si el equipo merece la pena. El público podrá debatir las propuestas de tecnología de vigilancia antes de que la ciudad siga adelante con ellas.
La regidora Monica Montgomery Steppe defendió las ordenanzas propuestas y, en noviembre de 2020, el Ayuntamiento las aprobó por unanimidad.
Tras esas aprobaciones iniciales, varios sindicatos de empleados invocaron su derecho a revisarlas antes de la aprobación final del Ayuntamiento. Ese proceso duró 18 meses. No se hicieron cambios significativos.
El Ayuntamiento aprobó la junta de privacidad a principios de este año. La votación del lunes fue para que el Ayuntamiento realizara una segunda votación sobre la ordenanza que regula la tecnología de vigilancia. Se necesitan dos votaciones para que la ordenanza entre en vigor.
Montgomery Steppe instó a sus colegas a seguir adelante con la ordenanza, que se elaboró con activistas preocupados por el hecho de que la tecnología afectara a los derechos y las libertades civiles. “Hay mucha desconfianza en la comunidad sobre este proceso”, dijo la regidora.
El regidor Raúl Campillo pidió un par de cambios, entre ellos una exención para que los policías de San Diego que forman parte de grupos de trabajo federales no tengan que revelar la tecnología que utilizan como parte de su trabajo federal.
El jefe de policía David Nisleit pidió la exención porque los acuerdos con las agencias federales impiden a los miembros de los grupos de trabajo revelar ese tipo de información. Exigirles que lo hagan significaría efectivamente que la policía no podría seguir trabajando en los grupos de trabajo federales, dijo Nisleit.
“Nos piden que revelemos la tecnología, y yo no tengo derecho a hacerlo”, dijo Nisleit al Ayuntamiento.
El regidor Joe LaCava dijo que quería aprobar la ordenanza el lunes, señalando que no había cambiado significativamente desde su aprobación inicial hace 18 meses. “Si lo retrasamos, no podremos seguir con los asuntos de la ordenanza y del consejo”, dijo.
El Ayuntamiento votó por 5 a 4 para añadir esa exención y para limitar las cuotas de los abogados en caso de que se produzcan demandas a causa de las ordenanzas. El Ayuntamiento espera volver a someterlo a votación antes del 19 de julio, ya que no es probable que los cambios provoquen el mismo tipo de revisión prolongada que la primera vez.
Decenas de oradores pidieron al Ayuntamiento que aprobara la ordenanza. Muchos se opusieron al argumento de Nisleit de que tendría que retirar al departamento de los grupos de trabajo federales.
Vendidas inicialmente al público en 2016 como luces que ahorraban costos de energía, las farolas inteligentes incluían sensores de alta tecnología equipados con cámaras y micrófonos para que pudieran recoger datos sobre los movimientos del tráfico, el clima y otros.
En un principio, la existencia de las cámaras no era muy conocida. La policía de San Diego dijo que no supo de su existencia hasta 2018, cuando recurrió a las grabaciones para investigar delitos graves o violentos.
Muchos ciudadanos se sorprendieron al conocer la existencia de las cámaras, y varios dijeron que temían que se abusara de las libertades civiles o que las comunidades de color o marginadas fueran objeto de vigilancia.
Desde entonces, las cámaras se han apagado.