San Diego Union-Tribune

RECIÉN NOMBRADO REGIDOR TIENE PASADO CUESTIONAB­LE

- TAMMY MURGA Murga es reportera del U-T.

Alonso González, recién nombrado miembro del Ayuntamien­to de Chula Vista, ha tenido una serie de dificultad­es empresaria­les, personales y financiera­s que no se revelaron cuando solicitó el puesto.

Según los registros públicos, González tiene una deuda tributaria pendiente, una condena por conducir bajo los efectos del alcohol y una propiedad embargada. Los registros del estado también indican que las licencias de dos empresas a su nombre están suspendida­s.

El agente inmobiliar­io, de 46 años, juró su cargo el 31 de enero para ocupar el escaño del Distrito 3, pero sus antecedent­es le impidieron obtener el voto unánime del Ayuntamien­to para su nombramien­to.

La mayoría del Ayuntamien­to lo eligió de entre 10 candidatos, con la oposición del alcalde John McCann. McCann dijo el jueves que, como alguien que perdió a un familiar por culpa de un conductor ebrio, no podía nombrar a alguien con antecedent­es por conducir bajo los efectos del alcohol.

González fue condenado por un delito menor de DUI en abril de 2011, según los registros del Tribunal Superior

de San Diego. En una entrevista realizada el jueves, González declaró que lleva sobrio más de nueve años.

“En aquella época era rebelde”, dijo. “Dicho esto, de eso hace ya una década. Desde entonces me he casado, he tenido una familia y veo mi papel de forma muy diferente”.

Los registros públicos también muestran que González fue objeto de un embargo fiscal federal en 2013, por un total de 44 300 dólares. González afirmó que está pagando la deuda personal, que, según dijo, acumuló tras retirar anticipada­mente los fondos de jubilación para poner en marcha su empresa inmobiliar­ia, Pac Pro Real Estate Developmen­t.

González se registró en el estado para constituir Pac

Pro como sociedad en 2018. La Oficina del Secretario de Estado indica que Pac Pro no presentó la Declaració­n de Informació­n obligatori­a, un documento que enumera el nombre, la dirección y los directivos de una entidad y que se exige cada dos años. En 2021, la Junta de Impuestos de Franquicia suspendió la licencia de Pac Pro. Si se suspende una licencia de empresa, no se puede ejercer legalmente la actividad empresaria­l y se puede estar sujeto a multas, según la Junta de Impuestos de Franquicia. Si uno desea retirarse del proceso de registro, el estado exige que se complete una disolución o cancelació­n formal; de lo contrario, pueden imponerse multas.

González dijo que nunca llegó a completar el proceso y afirma que ha estado operando como empresario individual. California no exige licencia para gestionar una empresa individual. En 2014, obtuvo una licencia inmobiliar­ia y una licencia de agente dos años después. Según el Departamen­to Inmobiliar­io del estado, sigue teniendo licencia. González declaró que sus ingresos anuales como agente oscilaban entre 10 mil y 100 mil dólares, según un formulario de declaració­n de intereses económicos que envió a la ciudad.

La Oficina del Secretario de Estado también indica que la licencia de empresa de Sal & Sons, LLC, a nombre de González, también fue suspendida en 2021, en parte porque no envió la Declaració­n de Informació­n requerida.

En 2016, González dijo que él y su hermano, Salvador, se presentaro­n ante el estado para establecer Sal & Sons, LLC como razón social de la empresa familiar de reparación de automóvile­s. Desde entonces, su hermano trasladó la empresa de San Diego a Chula Vista y la rebautizó como Imperial Auto Services. González dijo que nunca se molestó en retirar el registro original.

Los registros públicos también muestran que una propiedad que él y su padre tenían en San Diego fue embargada en 2009 por el banco cuando incumplier­on préstamo.

El proceso de nombramien­to de Chula Vista, que comenzó con la recepción por parte de la ciudad de 17 solicitude­s y la entrevista a 10 personas, no estuvo exento de críticas.

Muchos residentes habían instado al Ayuntamien­to a que dejara que los votantes eligieran a un representa­nte del Distrito 3, especialme­nte tras las revelacion­es de que uno de los solicitant­es —un favorito que inicialmen­te recibió el apoyo de la mitad del Ayuntamien­to— proporcion­ó a la ciudad informació­n educativa engañosa.

El nombramien­to de González también ha suscitado preocupaci­ón pública sobre sus antecedent­es y sobre si deberían descalific­arlo para dirigir la segunda ciudad más grande del condado, que tiene un presupuest­o de más de 530 millones de dólares.

Al reconocer la preocupaci­ón pública días después de su nombramien­to, González dijo que “nada de mi pasado sería una distracció­n para mi servicio”.

“Creo que cualquiera que esté interesado en ser servidor público y esté interesado en exponerse, debería estar dispuesto a hacerlo aunque resulte incómodo que te examinen el y tengas que justificar­te”, afirmó.

González dijo que aporta varios años de experienci­a en el uso del suelo y el desarrollo de políticas, tras haber trabajado como analista sobre el terreno para el exalcalde de San Diego Jerry Sanders. González, demócrata, ayudó a dirigir campañas políticas de otros demócratas como Ben Hueso, Juan Vargas y Álex Padilla.

Sus principale­s prioridade­s para el Distrito 3: diversific­ar el inventario de viviendas con más casas asequibles, explorar programas de estacionam­iento vecindario a medida que la zona se hace más densa, considerar horarios de toque de queda más tempranos y aumentar la presencia policial, por ejemplo con una subestació­n o más agentes de recursos escolares.

El escaño del Distrito 3 estaba vacante desde diciembre, cuando el ex egidor Steve Padilla se incorporó a la Legislatur­a del estado. González fue nombrada para terminar el mandato hasta diciembre de 2024.

González no puede presentars­e a las próximas elecciones, por las limitacion­es de mandatos que establece la carta constituci­onal de Chula Vista.

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ADRIANA HELDIZ U-T Alonso González regidor por el Distrito 3.

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