ABC Color : 2021-02-03

POLÍTICA : 6 : 6

POLÍTICA

POLÍTICA 6 Miércoles 3 de febrero de 2021 OSMAR LEGAL NO IMPUTA POR HECHOS MÁS GRAVES Fiscalía sigue en silencio sobre “insumos chinos” Ante el che kuerái ciudadano por la gestión de Ña Sanra, rápidament­e su “llanero solitario” salió a defenderla con su tropa colorada. ****** Tal vez Malandra tenga la protección de la mayoría de los diputados abdistas, cartistas y líbero-cartistas pero la ciudadanía ya se está dando cuenta en manos de quién está el Ministerio Público. ****** El fiscal Osmar Legal sigue sin imputar a directivos del clan Ferreira por la adulteraci­ón de marcas y especifica­ciones técnicas de mascarilla­s que iban a ser entregadas al personal de blanco. La causa sigue por contraband­o, el hecho menos grave de la denuncia. Si Freddy D’Ecclesiis y “Bachi” te apoyan es para preocupars­e realmente. Y a estos dos “próceres” se suma la Asociación de Agentes Fiscales presidido por el tristement­e célebre Eugenio Ocampos. ****** En los audios filtrados de 2017 se revelaba que el entonces senador cartista Óscar González Daher acostumbra­da a “negociar” casos con el fiscal Ocampos. Y como guinda de la torta, este agente imputó al titular del PLRA Efraín Alegre. ¡Qué casualidad! ****** ¿Será que Ocampos consultó con sus colegas para emitir el comunicado de apoyo a su jefa Sanra o hizo de motu propio? ¡Qué rabia le debe dar a los fiscales ser representa­dos por un “hombre” de “Peluquín”! Hasta ahora ningún agente dijo nada. ****** La CESC detectó que las firmas del clan Ferreira entregaron al Ministerio de Salud Pública mascarilla­s a las que habían cambiado la marca, las cajas e informació­n valiosa sobre su no uso médico. Justo Ferreira Servín, propietari­o de las firmas Imedic SA y Eurotec SA, que intentaron entregar mascarilla­s adulterada­s. Patricia Ferreira Pascottini, hija de Justo Ferreira y presidenta de Imedic SA, empresa del caso de los insumos chinos. Osmar Legal, fiscal encargado de la investigac­ión del caso de los insumos chinos de cuestionad­o actuar. que en primera instancia dijo sorpresiva­mente que no existía contraband­o en el caso. Fuentes a las que tuvo acceso ABC Color señalan que a pesar de que pasaron diez meses desde la presentaci­ón de la denuncia, Legal no ha avanzado con las diligencia­s hacia la verificaci­ón de este flagrante ilícito. Con ello se estaría agotando el plazo de investigac­ión y se estaría buscando enfriar este verdadero escollo para las empresas del grupo Ferreira, puesto que representa­ría una nueva sanción de inhabilita­ción de participar en licitacion­es públicas. Además, una imputación por este hecho definitiva­mente dejará contra las cuerdas la estrategia de recurrir a una “prejudicia­lidad” para evitar la persecució­n penal por el contraband­o de 50 camas hospitalar­ias que pretendier­on ser ingresadas a territorio nacional sin declararla­s a Aduana, institució­n A pesar de los contundent­es elementos, el fiscal Osmar Legal sigue sin imputar a directivos de la firma Insumos Médicos SA (Imedic SA), propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel, por adulteraci­ón de marcas y especifica­ciones técnicas de mascarilla­s que iban a ser entregadas al Ministerio de Salud Pública. Este fue el hecho principal denunciado por el Ministro Julio Mazzoleni, sobre la base de una investigac­ión llevada adelante por el actual ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, cuando encabezaba la Comisión Especial de Supervisió­n de Compras Covid-19 (CESC). Todo apunta a que se estaría gestando un nuevo blanqueo a los miembros del clan Ferreira. Cambio de marcas El informe de la CESC, liderada por Arnaldo Giuzzio, detectó que las firmas importador­as cambiaron las cajas originales en las que vinieron las mascarilla­s y de esa manera suprimiero­n datos relevantes como la marca y sobre todo, la advertenci­a de no ser de uso médico, fecha de expiración e incluso datos del fabricante. El hecho no solo tiene relevancia por la adulteraci­ón de los datos de los productos, sino por la generación de riesgos al personal de blanco. Ayer, de vergüenza el Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s pospuso el tratamient­o del reglamento que busca eliminar la investigac­ión de oficio. ****** Cuando se vuelva a tratar veremos qué postura tienen los ministros de la Corte Gladys Bareiro de Módica y Manuel Ramírez Candia, principalm­ente. Y de paso el “jurisconsu­lto” incomprend­ido Hernán Rivas (cartista) y la representa­nte del Ejecutivo Mónica Seifart de Martínez Vierci. Si están dispuestos a poner patas para arriba la pirámide de Kellsen al intentar eliminar con un reglamento, lo que dice el Art. 290 del Código Procesal Penal. ****** Ya la “célebre” fiscala Liliana Alcaraz intentó convencern­os que de oficio no se podía a los funcionari­os públicos por supuesto enriquecim­iento ilícito cuando se divulgaron las Declaracio­nes Juradas (DD.JJ.). ****** ¿Alguien del Jurado le convocó al menos para preguntar si se acuerda todavía de que en la Facultad de Derecho se enseñó el Art. 290? Es más, olímpicame­nte se olvidó del Art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que le rige a ella y a los colegas. ****** Demás está decir que la fiscalía de Quiñónez no le imputó a nadie tras la publicació­n de las DD.JJ. Esta es una de las tantas causales de juicio político. ****** Miguel Cuevas, diputado (ANR, Añetete). Podría enfrentar juicio oral por supuesto enriquecim­iento ilícito y declaració­n falsa. Uno de los tantos goles de media cancha que le entró a la fiscalía es el caso de Mocipar de Dany Durand. Miles de familias estafadas. ¿Qué hizo el Ministerio Público? La fiscala Stella Mary Cano le “blanqueó” al exdiputado antes de investigar­lo.