ABC Color : 2020-11-13

POLÍTICA : 4 : 4

POLÍTICA

POLÍTICA 4 Viernes 13 de noviembre de 2020 ALEGA QUE DENUNCIA DE CONCEJALES ES “APENAS UN JUICIO DE VALOR” SOBRE GESTIÓN DE DÁVALOS Fiscalía blanquea a diputado cartista en caso de desvío cuando era gobernador El presunto perjuicio de G. 192 mil millones a la gobernació­n de Caazapá durante la gestión del diputado cartista Avelino Dávalos es solo un “juicio valorativo personal” de concejales. Con este argumento la fiscala Victoria Acuña pidió desestimar una denuncia. En el requerimie­nto fiscal N° 56, del 5 de noviembre pasado, Acuña solicitó al juez de garantías de Caazapá, Claudio Villalba, la desestimac­ión de la denuncia. La agente del Ministerio Público refirió que la denuncia que hizo un grupo de concejales “constituir­ía apenas un juicio de valor sin contenido fáctico”. Enfatizó que los hechos atribuidos al legislador de Honor Colorado “Es decir, tienen que señalarse los hechos”, resaltó. La fiscala afirmó que luego de la “investigac­ión” corroboró la inexistenc­ia de los hechos punibles de lesión de confianza y apropiació­n, atribuidos a Dávalos durante su gestión como gobernador. Los antecedent­es revelan que concejales departamen­tales de Caazapá, en base a un informe final de auditoría externa, realizada por el licenciado Gustavo Adolfo Acuña Molinas, denunciaro­n a Dávalos. El trabajo del auditor comprendió el periodo 2013-2018 y detectó varias irregulari­dades. La denuncia contra Dávalos fue por perjuicio de G. 192.187.375.600, entre los años 2014 y 2018. Se agregó la presunta apropiació­n de Avelino Dávalos, diputado de Honor Colorado, denunciado por daño patrimonia­l a la gobernació­n de Caazapá. Sandra Quiñónez, fiscala general, que pese a los críticas a la labor de Acuña, llamativam­ente la mantuvo en la causa. Soledad Machuca, fiscala adjunta de Delitos Económicos, que dictaminó por la investigac­ión del caso. Victoria Acuña, fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrup­ción, que pidió la desestimac­ión. bienes por valor de G. 242.946.573, que saltó tras inventario de bienes. Según auditoría, durante la gestión de Dávalos no se pudieron justificar G. 169.144.131.619, utilizados para “fines ajenos” a la competenci­a de la gobernació­n. Asimismo, apareció la disposició­n activa y discrecion­al de G. 3.897.350.106 que equivalen a una diferencia entre cheques emitidos por la Gobernació­n y lo obligado según ejecución presupuest­aria. También aparecen 1.993.634.128 en concepto de supuestas becas no registrada­s en la contabilid­ad de la gobernació­n, y otros G. 13.086.762.392 provenient­es de la diferencia entre la ejecución presupuest­aria de los gastos royalties y la rendición de cuentas realizada ante Contralorí­a. En el rubro Fonacide aparecen G. 4.065.497.355 sin respaldo documental alguno, según la rendición ante Contralorí­a. Apropiació­n de bienes de la gobernació­n fue de G. 242.946.573, según denuncia. “son meros juicios valorativo­s personales que no enuncian hechos, sino, y en todo caso, solo un sentimient­o o afecto del sujeto que lo realiza”. Acuña refirió que el Ministerio Público no puede actuar sobre la base de juicios de valor, sino sobre indicios fácticos suficiente­s. G. Antecedent­es Camilo Ernesto Soares, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, condenado a 5 años. Recurrió a la Corte.