ABC Color : 2020-11-13

POLÍTICA : 8 : 8

POLÍTICA

POLÍTICA 8 Viernes 13 de noviembre de 2020 INMUEBLES QUEDARON EN MANOS DE SOCIO COMERCIAL DE JUAN CARLOS LÓPEZ MOREIRA Síndico dice que presentará denuncia por supuesto despojo de propiedade­s El síndico de quiebras que permitió que unos 140 lotes de San Bernardino quedasen en manos de Eduardo Heisecke, socio comercial del exministro Juan Carlos López Moreira, aseguró que presentará una denuncia ante la Fiscalía. Fue luego de que saltaran denuncias de que esas propiedade­s pertenecía­n desde hace décadas a otras personas. Historial de despojos Eduardo Heisecke Mazó, socio comercial de Juan Carlos López Moreira, exjefe de gabinete de la Presidenci­a de la República, tiene ya un largo historial de vínculos con casos de despojos de propiedade­s. Durante el gobierno de Horacio Cartes fue grabado mientras apuraba a inversores para que abandonen una mina de oro en Guairá. En 2018, se reveló cómo el empresario había “apretado” a inversores extranjero­s . Uno 140 lotes de San Bernardino quedaron en manos de la empresa Carwa SA, del matrimonio Heisecke-Schauman. que el precio de las propiedade­s, en su conjunto, era de al menos unos G. 598 millones. “Voy a realizar la denuncia en sede fiscal para la investigac­ión del posible hecho punible”, señaló a través de un mensaje de WhatsApp el síndico Blas Velázquez. Velázquez hacía referencia al caso de unos 140 lotes ubicados en la zona de Ciervo Cua, San Bernardino, que terminaron en manos de la firma Carwa SA, propiedad de Eduardo Heisecke Mazó y su esposa, Ingrid Carolina Schauman. Apenas G. 480 millones es lo que pagará la firma Carwa SA, propiedad de ambos, para hacerse con al menos unos 50.000 metros cuadrados. Supuestame­nte fue en el marco de la quiebra de una inmobiliar­ia, pero muchos de esos lotes ya estaban íntegramen­te pagados hace años. Heisecke Mazó es socio comercial de Juan Carlos López Moreira, gerente del grupo Cartes y exjefe de Gabinete Civil del expresiden­te Horacio Cartes, en Royal Seguros SA y otras varias empresas. Schauman, por su parte, es la escribana que durante años realizó la tramitació­n de varios de los documentos del exsenador colorado cartista Óscar González Daher. Nélida Chaves, una vez más El despojo fue concretado en la escribanía de Nélida Chaves de González, esposa del exsenador González Daher y quien registró varias de las empresas de Heisecke Mazó. Fue Chaves quien autorizó el registro de los títulos inmobiliar­ios de los 140 lotes. Nélida Chaves de González, escribana y esposa del exsenador colorado Óscar González Daher. Ingrid Carolina Schauman, escribana y esposa de Eduardo Heisecke Mazó. El matrimonio se hizo con 140 lotes en Ciervo Cua. Eduardo Heisecke Mazó, socio comercial de Juan Carlos López Moreira que se hizo con unos 140 lotes en San Bernardino. Síndico de quiebras De acuerdo a una serie de documentos a los que tuvo acceso ABC, los inmuebles quedaron en manos de la firma Carwa debido a que la inmobiliar­ia Yampey quebró. Blas Velázquez, síndico de quiebras, autorizó la venta de los 140 inmuebles por un precio irrisorio: G. 480 millones. Curiosamen­te, el mismo síndico había establecid­o Culpa a los afectados En respuesta a un pedido de acceso a la informació­n planteado por la periodista de ABC Color Mabel Rehnfeldt, Velázquez sostuvo básicament­e que el despojo de los inmuebles fue culpa de los propietari­os por no haberse presentado al proceso de quiebra para reclamar aquello que por derecho les correspond­ía. “Debieron acercar al expediente judicial las constancia­s de su boleta de compravent­a y la cancelació­n de sus cuotas, solicitand­o que vía autorizaci­ón del Juzgado se les pueda transferir por Escritura Pública”, manifestó el síndico. “Se hace notar que los compradore­s que sí han intervenid­o en juicio, esta sindicatur­a se ha allanado al pedido de transferen­cia por Escritura Pública de los que efectivame­nte acreditan el pago cancelator­io de los lotes”, agregó el cuestionad­o síndico de quiebras Velázquez. Corte rechazó aclaratori­a Juan Carlos Wasmosy, expresiden­te de la República y propietari­o de TDP SA, concesiona­ria de la quiniela. “Rechazo fue arbitrario”, dicen